Peligra la atención de los pacientes con discapacidad, los profesionales denuncian atropellos de las obras sociales y el nomenclador

En la jornada de hoy miembros del colectivo de Discapacidad de Salta se manifestaron frente a la Legislatura exigiendo reconocimiento de los profesionales ante el nomenclador, un aumento de sueldo acorde a la inflación y que la Superintendencia de Salud ejerza el control que debería a las obras sociales.

SALTA 28 de abril de 2022 Redacción El Expreso de Salta Redacción El Expreso de Salta
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Verónica Salina, referente del colectivo explicó que la organización nuclea a un grupo de papas, profesionales, transportistas y prestadores del servicio de discapacidad y que el reclamo llevado en la mañana de hoy frente al Palacio Legislativo r se replicó en todas las provincias y además en Buenos Aires se a entregó un petitorio en Casa Rosada.

"Nosotros trabajamos dentro de lay que cumple una serie de prestaciones básicas para las personas que tienen discapacidad y que están establecidas por un tipo de nomenclador nacional. Éste nos establece las prácticas a las que tiene acceso estas personas y cuáles son los montos mínimos que se debería cobrar por cada una. Lo tiene que cubrir las obras sociales de cada persona que tenga acceso a un CUD, Certificado Único de Discapacidad. Lamentablemente nos encontramos en una situación donde aproximadamente hace seis meses no hay una actualización en cuanto a los aranceles ni tampoco a las prestaciones de este nomenclador", contó Salina.

Además contó que existen prestaciones que no están nomencladas, por ejemplo los cuidadores y los acompañantes terapéuticos que son actores importantes dentro de lo que es el servicio de discapacidad, "hoy las obras sociales dicen que no pueden cubrirlo pero lo hacen porque son buenos no más, y eso hace que nuestros colegas estén cobrando unos sueldos irrisorio. La obra social provincial hoy le paga a nuestros acompañantes 60 pesos la hora, y las obras nacionales, las que mejor pagan es 400 la hora estamos hablando que son honorarios muy por debajo de lo que cualquier trabajador debería ganar", añadió la referente.

Sobre este aspecto detalló que este grupo de profesionales no están protegidos por el nomenclador y el reclamo esta dirigido a eso, a que las prestaciones estén incluidas en el, además a que haya una nueva actualización de los aranceles.

La semana pasada se reunió el directorio a nivel nacional, compuesto por el Andis (Agencia Nacional de Discapacidad) junto con diversos referentes y actores que tienen que ver con lo establecido dentro de las presentaciones por discapacidad y son quienes  deciden en reuniones a puertas cerradas, "estamos en desacuerdo porque deberíamos poder estar representantes y referentes de los actores que estamos en este dúo terapeuta paciente, las familias y los transportistas", denunció Salina.

"En esa reunión dijeron que no iban a adarnos el aumento, entonces a nivel nacional decidimos que era insostenible la situación ya que nosotros tenemos un sistema de cobro a mes vencido y una vez entrada la factura tenemos que esperar cuatro o cinco meses para poder cobrar los honorarios con lo cual, si no hubo aumento ahora, todos los aumentos que pudiera haber que no fueran superiores al 60%nos iban a dejar por debajo de lo esperado y necesitado para poder sostener terapias y tratamientos".

Cuando hicieron los reclamos en las redes sociales y el caso tomó estado público, el directorio se reunió nuevamente el martes a la mañana sorpresivamente y acordaron un aumento del 25% para el mes de mayo,"con el sistema de reintegro de honorarios este aumento se cobraría en octubre con mucha suerte, con lo cual el 25% se licua con la inflación que tenemos, nosostros decidimos seguir con la marcha porque el reclamo es necesario, hay colegas que ya no pueden sostener sus tratamientos, sus consultorios, sus impuestos porque nosotros tenemos que seguir pagando y hay un montón de niños y adolescentes que se están quedando sin tratamiento".

También hay un problema con la Superintendencia de Servicios de Salud, quienes tienen que controlar a las obras sociales y no lo están haciendo, "el 90% están pidiendo requisitos que no están contemplados dentro de la ley, con lo que exige que los papás se tengan que movilizar más entre médico y médico y llenar más formularios y retrsanado las autorizaciones, al mes de mayo todavía sin autorizar esto significa que vienen trabajando desde enero sin saber si van a cobrar las prestaciones que están realizando y tampoco tenemos la posibilidad de suspender el servicio porque sería abandonar o de paciente", finalizó.

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