El presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, Pedro Humberto Burgos, se refirió al amparo que presentó junto a la Caja de Abogados para que se restablezca el sistema de justicia en el Poder Judicial. El referente tomó postura después de mantenerse neutro desde que inició la pandemia para evitar cruces con el sindicato de empleados judiciales. Ahora, la Corte de Justicia tiene que dar respuesta frente a la caravana de abogados que reclamarán volver a la actividad este viernes.
JUDICIALES24 de septiembre de 2020 Redacción El Expreso de Salta
Burgos dijo que el amparo se presentó con el patrocinio letrado de la Dra. Marí Falconier Diez y la idea es que se restablezca el servicio de justicia. "Es un amparo presentado en contra la Provincia de Salta a los fines de que se garantices y asegure los derechos de la ciudadanía, reconocidos por la Constitución Nacional", Indicó.
"Nosotros fuimos haciendo planteos para tratar de encontrar soluciones y ahora no hubo respuesta. Lo único que dijeron es que hay un expediente digital en diciembre y entonces una y otra vez existe la posibilidad de la suspensión con la feria lo que no permite la tramitación de cada una de las causas. Solamente están habilitados juzgados de feria, si bien, remotamente se habilitaron ahora con la ultima acordada, algunos juzgados pero realmente no se puede avanzar. No hay forma y existen muchas actividades que fueron exceptuadas, me pregunto cómo la justicia no, si existen decretos nacionales que tienen que continuar pero no avanzan. Es increíble que en Jujuy, Tucumán y otras provincias ya hayan dado respuesta inmediata y estén trabajando en la administración de la justicia", agregó.
Para Burgos, lo que sucede en Salta es que "no se está comprendiendo que la justicia es un servicio esencial y por consiguiente se deben garantizar todas las acciones pendientes para que se proteja ese derecho base de un Estado de democracia". "Hay que volver al trabajo con medidas sanitarias y rotación del personal en distintos horarios, es decir, encontrar la solución que ya implementan en otras provincias. No puede ser que ante una determinada salida, se suspenda la justicia y se ponga juzgados de feria. Sobre todo para los judiciales de Orán y Tartagal que ya lo vienen padeciendo hace tres meses, es increíble que no se de solución en medio de una crisis. Hay seguridad, salud, cómo no va a haber justicia", aseveró.
Consultado sobre las acciones que adoptaron desde el Colegio en el principio de la pandemia para cuidar el bolsillo de los abogados, Burgos expresó: "Hemos reiterado la eximición de septiembre, no hay desde marzo hasta noviembre el cobro de intereses. La Caja adoptó la misma medida y sigue manteniendo la asistencia y subsidios que se dijo, estamos haciendo todo lo posible para contener a los colegas. Son muchos los abogados que la están pasando mal, no solo del lado económico sino desde lo profesional porque los juicios no avanzan y aumenta el descreimiento de la justicia".
Finalmente, Burgos adelantó que este viernes a las 11 se realizará una manifestación de vehículos en las afueras del Poder Judicial y la actividad se va a replicar en las distintas localidades de la Provincia. "La idea es que se ponga en funcionamiento la justicia y el Ministerio Público, aquí nos manifestamos como ciudadanos pero también como abogados que juramos por la Constitución, ejercer como profesionales y juramos bregar por la justicia y así se le debe brindar a todos los ciudadanos", concluyó.
Lo dijo el asesor de Menores e Incapaces, Marcelo Fernández Esteban, en el marco del juicio por maltrato infantil por el que están acusadas nueve mujeres que trabajaban en el dispositivo estatal Casita Feliz.
Durante su alegato el viernes en el TOF N°2, la auxiliar fiscal federal Soledad Cabezas excluyó al exintendente de Salvador Mazza de la acusación del delito de "traslado de personas con fines de explotación sexual" en la causa vinculada a los allanamientos simultáneos ocurridos en Salta en el año 2013.
El exintendente de Salvador Mazza, Carlos Villalba, está acusado junto a Nancy Gómez, Mercedes Baigorria y Roberto Quintín y Ramírez, quienes administraban locales en la capital salteña donde la policía rescató a mujeres jóvenes que ejercían la prostitución y que serían explotadas por ellos.
Los abogados defensores de las nueve exoperadoras estatales imputadas por presuntos maltratos reconocieron que se usaba duchar a los niños para contener desbordes emocionales, aunque no con agua fría.
La única excepción era la de "Casita Feliz", dijo la exministra de Desarrollo Social de Salta, Verónica Figueroa, al declarar como testigo por los presuntos maltratos sufridos por niños y niñas institucionalizados por los que están acusadas nueve exoperadoras estatales. Las condiciones deplorables del resto de los "dispositivos de protección" incluían la ausencia de inodoros, reemplazados por agujeros en el piso, según afirmó. La exfuncionaria reveló además que en su gestión detectó y separó a 12 cuidadores de niños que tenían antecedentes penales, no era el caso de las actuales imputadas.
El abogado Gonzalo Ramos, hablo en conferencia de prensa hoy por la mañana en un reconocido café salteño y sostuvo que el joven fue asesinado por gendarmes. Además, rechazo rotundamente las versiones que vinculaban al joven al narcotráfico.
Desde la Asociación del Personal de la UNSa (APUNSa) y la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNSa (ADIUNSa) anunciaron adhesión al Paro General sin asistencia a los lugares de trabajo convocado para el día jueves 10 de abril.
Sara Millerey González Borja, de 32 años, fue remitida a un centro médico, pero la gravedad de las lesiones y el agua contaminada del afluente complicaron su estado. Organizaciones advierten que no se trata de un caso aislado.
Se anunció que el servicio se suspenderá desde este miércoles a la noche hasta el jueves a la mañana inclusive.
En la tarde del miércoles, y en medio de disturbios entre la policía y taxistas, el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza que regulará el servicio de transporte de pasajeros a través de plataformas digitales en la ciudad de Salta. Según el proyecto se busca garantizar la seguridad, la calidad y eficiencia de la prestación. Los requisitos para propietarios y choferes.
El intendente de Vaqueros y actual candidato a senador dio a conocer los motivos que lo impulsaron a postularse para ocupar una banca en la Legislatura.