Durante su alegato el viernes en el TOF N°2, la auxiliar fiscal federal Soledad Cabezas excluyó al exintendente de Salvador Mazza de la acusación del delito de "traslado de personas con fines de explotación sexual" en la causa vinculada a los allanamientos simultáneos ocurridos en Salta en el año 2013.
JUDICIALES04 de abril de 2025 Melina SolaDespués de 15 años de estar procesado, terminaría el calvario para el exjefe comunal de Salvador Mazza, al menos en los tribunales federales donde está sentado en el banquillo por haber sido encontrado en uno de los prostíbulos allanados en la capital salteña, donde fueron rescatadas 34 presuntas víctimas.
Después de los allanamientos simultáneos, Villalba fue destituido y luego acusado de “traslado de personas con fines de explotación sexual”. El día anterior al operativo policial, el entonces intendente junto a otros dos hombres habían transportado en auto desde Jujuy a Salta a Marisel Llanes (prófuga de la justicia) y a otras dos mujeres que eran explotadas por ella.
La auxiliar fiscal Soledad Cabezas dijo este viernes que existe "orfandad probatoria" en la causa respecto a la imputación que se hizo a Villalba. "Este Ministerio Público no va a formular acusaciones", remarcó.
Relató que Villalba había buscado de la Terminal de Jujuy a su amiga Marisel, con quien había mantenido una relación de pareja años antes y seguía manteniendo un vínculo estrecho al momento de los allanamientos. "Él le daba dinero a Marisel e inclusive se quedaba a dormir en la casa de ella", detalló la auxiliar en base a los testimonios de las víctimas rescatadas.
Antes del procedimiento policial y luego del viaje desde Jujuy a Salta, estando en la casa de Marisel, Villalba subió a descansar a la habitación del primer piso porque "estaba en una situación de ebriedad".
Cabezas agregó que las otras dos mujeres se quedaron charlando con los empleados de Villalba y también "clientes" de prostitución. Todos ellos, Marisel, Villlaba, las dos mujeres y los dos hombres fueron encontrados en una casa de altos de la calle Ituzaingó al 1100 el 15 de agosto de 2013.
Son víctimas aunque no se reconozcan como tales
Al inicio de la audiencia, la jueza Gabriela Catalano hizo alusión a la causa Umbanda, donde se dejó constancia que las mujeres expltadas sexualmente son víctimas, aunque no se reconozcan como tales, porque son vulnerables económica, familiar y socialmente.
Destacó la suscripción de la Argentina a tratados internacionales que llaman a proteger a las mujeres y especialmente al Protocolo de ONU para prevenir y sancionar la trata de personas.
Se trata de un pedido de la defensa de José Figueroa, quien busca justificar que la muerte de su esposa fue accidental y en estado de emoción violenta, una hipótesis rechazada de plano por la fiscal Luján Sodero Calvet. Luego de la admisión de las pruebas, el juez Amadeo Longarte ofició a la Oficina Judicial para que sortee el Tribunal y fije la próxima fecha.
El caso judicial que tiene imputadas a operadoras estatales por maltratar a menores a su cargo.
Hoy hablaron las imputadas, una mujer que se desempeñaba como coordinadora del dispositivo y las ocho operadoras. El hogar para niños en adopción funcionaba en el barrio Tres Cerritos de la ciudad de Salta, hasta 2023, que fueron denunciados maltratos.
El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta juzga al ex jefe comunal de Salvador Mazza junto a los dueños de los cabarets Quijote y Terra Nostra, donde en 2013 rescataron a presuntas víctimas de trata de personas. La sentencia será el 22 de abril. Hoy alegaron los defensores de los acusados, entre ellos el de Villalba, quien aseguró que la investigación no halló pruebas contra él pero además que fue sometido a una persecución política y mediática que nada tiene que ver con la administración del municipio.
Lo dijo el asesor de Menores e Incapaces, Marcelo Fernández Esteban, en el marco del juicio por maltrato infantil por el que están acusadas nueve mujeres que trabajaban en el dispositivo estatal Casita Feliz.
El exintendente de Salvador Mazza, Carlos Villalba, está acusado junto a Nancy Gómez, Mercedes Baigorria y Roberto Quintín y Ramírez, quienes administraban locales en la capital salteña donde la policía rescató a mujeres jóvenes que ejercían la prostitución y que serían explotadas por ellos.
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