El juicio se desarrolla en la Sala I de la Ciudad Judicial de Salta. Verónica Figueroa declaró como testigo y describió las deplorables instalaciones de los edificios y dijo que justamente no aplicaban para Casita Feliz, donde trabajaban las nueve exoperadoras estatales que son juzgadas por presuntos maltratos. El lugar estaba en el barrio Tres Cerritos de la capital salteña y en 2023 fue cerrado luego de la denuncia.
Figueroa fue funcionaria del Gobierno de Salta en 2020 y en 2021, tiempo en que tuvo a su cargo 24 dispositivos de menores. En la audiencia señaló que las malas condiciones de residencia eran lo habitual para la mayoría de los niños y niñas institucionalizados.
Dijo que cuando asumió apartó a 12 cuidadores de niños porque detectó que tenían antecedentes penales. También, que el resto del personal que trabajaba con los chicos no tenía capacitación, ni se regía por protocolos.
La investigación por presuntos maltratos inició en 2023 por una denuncia de la actual secretaria de Primera Infancia, Niñez y Familia, Carina Iradi, cuya cartera depende de Desarrollo Social.
En su declaración ante el juez Leonardo Feans, Figueroa dijo que Casita Feliz era el único dispositivo estatal con las condiciones mínimas de habitabilidad, de lo cual supo apenas asumió por los recorridos que realizó en plena pandemia. Agregó que al poco tiempo iniciaron reformas en las casas donde residían niños, niñas y adolescentes en condiciones de ser adoptados.
En ese punto detalló que muchas de las casas no tenían baños: en cuenta de inodoro los chicos debían usar un agujero en el piso, en vez de duchas había un hoyo en la pared donde salía agua para bañarse. Las ventanas no tenían vidrios. “El único (dispositivo) que no estaba mal era Casita Feliz. Me sorprendió la denuncia. Era uno de los pocos lugares donde podían estar los hermanitos juntos”, afirmó.
Informalidad laboral en el Estado
Cabe mencionar que cinco de las acusadas trabajaban para el Estado sin relación de dependencia, por lo que fueron despedidas ni bien se supo de la denuncia. Las otras cuatro fueron reubicadas en otras tareas, entre ellas la excoordinadora del hogar, quien estaba con carpeta médica de largo tratamiento, cuando trascendió lo ocurrido.
Se prevé la sentencia para mediados de abril. El fiscal es Ramiro Ramos Ossorio, los abogados defensores son Nicolás Fernández y Rodrigo Palacios.
