El Juez de Garantías de Segunda Nominación del Distrito Judicial Orán ya había sido suspendido y a partir de ahora está inhabilitado por ocho años para ejercer cargos públicos. Además deberá pagar las costas del juicio. La Procuración General lo acusó de irregularidades en cinco trámites judiciales y de cohecho.
JUDICIALES12 de diciembre de 2024 Melina Sola
El Jurado de Enjuiciamiento consideró que el juez de Orán ejerció mal sus funciones e incumplió los deberes a su cargo. Dictaminaron después de una extensa jornada, con varios cuartos intermedios, en la que alegaron el Procurador, Pedro García Castiella, y el defensor de Parisi, Guillermo Mauricio Alberto.
El jefe de los fiscales sostuvo que Parisi benefició a cinco acusados de delitos graves con prisiones domiciliarias, detallando cada caso, y también las consecuencias que tuvieron estas decisiones judiciales.
Entre las causas en las que intervino Parisi se encuentra la detención de César “Oreja” Martínez, hermano del intendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo “Conejo” Martínez. Castiella recordó que Parisi le concedió el arresto domiciliario pese a estar acusado por tentativa de femicidio y por venta de drogas. Mientras Martínez gozaba de la prisión domiciliaria, fue ejecutado en la vereda de su casa por sicarios que pasaron en motocicletas y dispararon 17 veces con pistolas de grueso calibre. "Esta causa está expuesta al día de hoy al severo riesgo de no poder alcanzarse nunca la verdad”, aseguró.
El Procurador agregó que el exintendente de Aguas Blancas, "Conejo" Martínez, está sospechado de haber mandado a matar a su hermano el Oreja, sin embargo Parisi demoró injustificadamente los allanamientos a sus familiares argumentando que quería saber la marca y el color de los celulares que debía secuestrar la Policía.
La defensa de Parisi, en tanto, justificó las dilaciones en el caso diciendo que el magistrado pidió aclaratorias y que no es su culpa que no le hubieran contestado a tiempo para así ordenar el procedimiento.
Lo amenazaron con violencia sexual para que pague
En este mismo juicio, ayer brindó su testimonio la abogada Sandra Domene, quien ratificó la denuncia realizada oportunamente por cohecho, en vinculación a su entonces defendido, José Dimas Ruiz, excandidato a intendente de Orán a quien se lo investiga por el robo a la empresa Abra de Sol. Expuso que la familia Ruíz debió abonar 10 mil y luego 5 mil dólares, bajo la amenaza de que José sería víctima de abuso sexual en su lugar de detención.
Composición del Jurado de Enjuiciamiento
Estuvo encabezado por la presidenta de la Corte de Justicia Teresa Ovejero . Lo integran además el Juez de Corte Pablo López Viñals, el senador Jorge Pablo Soto y el senador Javier Mónico Graciano designados por la mayoría y minoría, respectivamente; el diputado Esteban Amat Lacroix y el diputado Juan Carlos Roque Posse, designados por la mayoría y minoría de la Cámara baja; el Fiscal de Estado Agustín Pérez Alsina y los abogados de la matrícula Guillermo López Mirau y Pedro Mellado, designados respectivamente por las Cámaras de Senadores y de Diputados.
Los otros casos
Otro de los beneficiados con las domiciliarias del juez oranense fue Matías Chaile, acusado de homicidio culposo y actualmente prófugo de la justicia.
En otro caso, Parisi permitió que una condenada por venta de drogas de apellido Pereyra continuara realizando la misma actividad bajo prisión domiciliaria, mientras que a su socia Leniz, primero le dio arresto domiciliario y luego se lo revocó. En ese caso fue justamente porque se descubrió que una sobrina del juez, la sargento Mariana Castellanos, y el secretario del juzgado, Maximiliano Correa, estaban negociando beneficios.
Se supo a través de llamadas grabadas por Castellanos, quien actualmente se encuentra en prisión, que hacía acuerdos con mujeres investigadas por tráfico de estupefacientes. Invocaba la influencia del juez Parisi para ofrecer beneficios judiciales a cambio de dinero, como el mantenimiento de detenciones domiciliarias o la paralización de las causas.
Hoy hablaron las imputadas, una mujer que se desempeñaba como coordinadora del dispositivo y las ocho operadoras. El hogar para niños en adopción funcionaba en el barrio Tres Cerritos de la ciudad de Salta, hasta 2023, que fueron denunciados maltratos.
El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta juzga al ex jefe comunal de Salvador Mazza junto a los dueños de los cabarets Quijote y Terra Nostra, donde en 2013 rescataron a presuntas víctimas de trata de personas. La sentencia será el 22 de abril. Hoy alegaron los defensores de los acusados, entre ellos el de Villalba, quien aseguró que la investigación no halló pruebas contra él pero además que fue sometido a una persecución política y mediática que nada tiene que ver con la administración del municipio.
Lo dijo el asesor de Menores e Incapaces, Marcelo Fernández Esteban, en el marco del juicio por maltrato infantil por el que están acusadas nueve mujeres que trabajaban en el dispositivo estatal Casita Feliz.
Durante su alegato el viernes en el TOF N°2, la auxiliar fiscal federal Soledad Cabezas excluyó al exintendente de Salvador Mazza de la acusación del delito de "traslado de personas con fines de explotación sexual" en la causa vinculada a los allanamientos simultáneos ocurridos en Salta en el año 2013.
El exintendente de Salvador Mazza, Carlos Villalba, está acusado junto a Nancy Gómez, Mercedes Baigorria y Roberto Quintín y Ramírez, quienes administraban locales en la capital salteña donde la policía rescató a mujeres jóvenes que ejercían la prostitución y que serían explotadas por ellos.
Los abogados defensores de las nueve exoperadoras estatales imputadas por presuntos maltratos reconocieron que se usaba duchar a los niños para contener desbordes emocionales, aunque no con agua fría.
Sara Millerey González Borja, de 32 años, fue remitida a un centro médico, pero la gravedad de las lesiones y el agua contaminada del afluente complicaron su estado. Organizaciones advierten que no se trata de un caso aislado.
El jefe del V Distrito de Vialidad Nacional destacó el convenio de obras entre Salta y Nación.
Habrá cortes y filtros en los diferentes recorridos por el Vía Crucis y por los actos previstos por el cumpleaños de la ciudad. También trabajará el área de Espacios Públicos y Protección Ciudadana que controlará la venta ambulante.
En un encuentro de trabajo realizado en la Legislatura provincial, el interventor del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS), Cr. Emilio Savoy, mantuvo una reunión con la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Provincia. Durante la misma se expusieron los principales ejes de gestión, los avances implementados y las acciones proyectadas para fortalecer el sistema prestacional y administrativo del organismo.
Los principales cortes ya venían de un anticipo de lo que sería la devaluación con un aumento de 7% durante marzo. Pero, en abril, con la devaluación que acompañó el acuerdo con el Fondo y el cambio de la política cambiaria, los incrementos fueron aún mayores.