El Defensor del Pueblo analiza demandar a Nación por “discriminación” al interior en la quita de subsidios al transporte

El Defensor del Pueblo de la Ciudad de Salta, Federico Núñez Burgos, denunciará al Gobierno nacional por discriminación a los ciudadanos de las provincias, de prosperar la medida de quite del subsidio al transporte público que alcanza solamente a los estados provinciales y exceptúa a la región del AMBA.

La decisión de Nación, para el Defensor del Pueblo salteño es una medida discriminatoria hacia los ciudadanos del interior “que tienen los mismos derechos que los ciudadanos del AMBA”. 

En declaraciones a El Expreso, manifestó que “la principal preocupación de la Defensoría es respecto a la discriminación que estaríamos sufriendo a partir de este anuncio del Gobierno nacional de eliminar los subsidios al transporte público en el interior del país. Nosotros vemos con mucha preocupación la situación porque con la excusa del transporte federal, el AMBA va a seguir recibiendo los subsidios que le permiten sostener una tarifa a precio de 140 pesos el colectivo”. Mientras el aumento recaerá sobre los ciudadanos de las provincias.

Asimismo, el Defensor del Pueblo de Salta adelantó que esperará a conocer la resolución final, y en caso de comprobar que hay “una discriminación negativa hacia el interior del país y en especial hacia los salteños, por la quita de subsidios, vamos a hacer las presentaciones administrativas y nos presentamos en la sede judicial que corresponda porque en la Argentina debe primar el criterio constitucional de que todos los ciudadanos somos iguales, así vivamos en el área metropolitana de Buenos Aires o el interior profundo del país”.

Núñez Burgos consideró que la eliminación del subsidio inevitablemente “va a encarecer el transporte público en la provincia y las erogaciones del gobierno provincial, lo que significaría un aumento del costo del transporte o un aumento del gasto de la provincia”.

Lo grave de la medida es que implica la desregulación del sector y da vía libre a las compañías para que puedan llevar el boleto al precio que consideren necesario, pero solo en las provincias y no en AMBA, como un castigo y una represalia al interior y a los gobernadores, por un amateurismo parlamentario de la propia LLA que derivó en el fracaso de la ley Bases en Diputados.