Durante la investigación que se lleva adelante por actos de corrupción y distribución de estupefacientes en la U.C 1, se ha tomado conocimiento de intimidaciones y amedrentamientos dirigidos a testigos, con amenazas a familiares, e incluso amenazas de muerte a funcionarios del Servicio Penitenciario. Se advierte que con estos hechos, que se suman al beneficio otorgado por el Juez de Garantías, los imputados pueden comprometer la integridad y el éxito de la investigación.
JUDICIALES 30 de diciembre de 2023 El Expreso de Salta
Una denuncia presentada en la Secretaría de Derechos Humanos de la Corte de Justicia de Salta vuelve a poner de relieve el pedido de la Unidad Fiscal integrada por el Procurador General Pedro García Castiella y los fiscales penales Ana Inés Salinas Odorisio (UDEC) y Gustavo Torres Rubelt (UFINAR), quienes solicitaron al Juez de Garantías N° 3, que se revoque el arresto domiciliario y se ordene la detención de los siete funcionarios del Servicio Penitenciario imputados en la causa que investiga la presunta exigencia de dinero a cambio de otorgar beneficios o permitir el ingreso de elementos prohibidos y estupefacientes a personas detenidas.
Según informó el MPF, el 27 de diciembre una mujer manifestó el temor, tanto por ella como por su hijo y otro interno de la Unidad Carcelaria Nº 1 del Servicio Penitenciario. A la mujer le hicieron saber que los oficiales penitenciarios detenidos planifican investigar y descubrir a quienes revelaron información sobre actividades ilícitas relacionadas con drogas y beneficios a reclusos. Además, le indicaron que el tráfico de drogas continúa con otros dispositivos y personas.
La testigo también señaló que el celular usado para amenazar con imágenes familiares y detalles personales está en manos de otra persona, sin haber sido incautado durante la detención. La testigo expresó su profundo temor ante estos hechos. Esto se suma a lo manifestado por otra testigo, quien expresó, entre sus declaraciones, que: «el hecho de que los acusados estén con arresto domiciliario le genera preocupación y angustia.”
También la Jefa de la Dirección General del Servicio Penitenciario y el Subsecretario del Ministerio de Seguridad fueron amenazados de muerte el 28 de diciembre, mediante un folleto dejado en la oficina de la Dirección General; razón por la cual se inició una nueva investigación por estos hechos, la que será remitida también a la Unidad Fiscal que investiga la organización delictiva que operaba dentro del penal.
Destaca la Unidad Fiscal, que la información expuesta evidencia que los imputados mantienen influencia o presión sobre los testigos y, al encontrarse en arresto domiciliario, podrían utilizar ese beneficio para comunicarse y buscar apoyo con el fin de intimidar o amedrentar a testigos en la presente causa. Esto podría resultar en un entorpecimiento de la investigación e incumplir con la medida ordenada por el Juez de Garantías. Por lo tanto, se solicita la revocación del arresto domiciliario.
La Unidad Fiscal insiste en que surge un riesgo potencial de entorpecimiento al estar llevándose a cabo la fase inicial de la investigación, no habiendo obtenido aún las declaraciones de posibles testigos. Es por eso que la protección de sus testimonios se vuelve esencial, considerando la influencia que los imputados podrían ejercer sobre ellos. En este sentido, el pedido de los fiscales busca neutralizar dicho riesgo y garantizar declaraciones seguras y veraces – sin temores ni presiones-, fundamentales para el desarrollo del proceso judicial.
Señalan también que los elementos recopilados objetivamente indican la existencia de un riesgo procesal latente, en consonancia con el Artículo 389 del C.P.P. y dada la naturaleza incipiente de la investigación, se recurre a medidas cautelares para prevenir cualquier interferencia. Agregando que no se descarta la posible ampliación del decreto imputativo en relación con personas vinculadas al personal del organismo bajo investigación.
Es por eso que en aras de preservar la integridad de la investigación, se ha solicitado la revocación de los beneficios otorgados en oportunidad de la audiencia de prisión preventiva apelada, y la imposición de prisión preventiva para los imputados, ya que el comportamiento observado sugiere la posible implicación de otros coimputados, lo cual podría perjudicar la investigación en curso. Toda vez que el comportamiento evidenciado da cuenta de la posibilidad de que los otros coimputados también puedan incurrir en las conductas señaladas, en perjuicio de la investigación.
Por último señalan los Fiscales, que debe merituarse, que los imputados se desempeñaban laboralmente en el Servicio Penitenciario de Salta, lo cual permite concluir que no solo conocen el funcionamiento del Organismo, sino que gozando de dicho beneficio podrían intimidar o infundir temor por cualquier medio a los efectos que los testigos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, como también podrían provocar la destrucción de elementos de prueba que hagan imposible la dilucidación del evento investigado, peligro que solo puede neutralizarse con la medida peticionada.
El sábado, cerca del mediodía se dio a conocer el hallazgo del vehículo de Luis Quesada, el remisero de la localidad de Pichanal que salió de su casa el martes pasado, y no se sabe dónde está. Y que ahora es buscado por su familia y también por la policía.
A días de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, una joven de 24 años denunció haber sido violada en un hotel por cuatro jugadores de Vélez Sarsfield que la semana pasada estuvieron en Tucumán para enfrentar a Atlético. Según la denuncia, ella habría sido convocada por Instagram por el arquero uruguayo Sebastián Sosa. Una vez en el hotel, aparecieron otros tres jugadores, la invitaron a tomar un vino, perdió el conocimiento, momento que habría sido aprovechado por los denunciados para cometer el aberrante hecho.
Los abogados de la familia de Florencia Acosta, una de las víctimas fatales en el siniestro de avenida Paraguay el domingo pasado, expresaron que accedieron a las capturas de los videos, pero que, entre el lunes o martes, tendrán el acceso a los materiales fílmicos.
Tal como estaba previsto se realizó la noche del martes en la ciudad de General Güemes la marcha reclamando justicia en el caso que le costó la vida a Julieta Nahír Siles. Sorprendió la ausencia de principales autoridades del departamento, de concejales mujeres, y las denuncias de las oradoras de una campaña de difamación de la víctima, e incluso de amenazas anónimas. "Esta marcha no es contra nadie, sino para pedir justicia", aclaró una de las organizadoras. "Si es necesario salir todos los días para que se esclarezca lo que pasó, lo vamos a hacer", prometió otra.
La mujer policía que vino desde Buenos Aires y le explotó el vehículo a segundos de cargar el tanque de GNC, pareció desconocer toda la ciencia que significa la utilización de gas licuado en automotores y cómo se preparan los cilindros para su almacenamiento. El interrogante es si realmente se trataba de un cilindro habilitado para ello, o utilizó uno similar en donde además de ponerle paquetes de cocaína, pidió que lo llenaran de GNC, y que no resistió la presión de la carga y explotó dejando añicos al Ford Fiesta y toda la droga desparramada en la estación de servicio oranense.
Era nada más y nada menos que el director de general de Juventud y Niñez de la Municipalidad y fue detenido cuando debía reunirse con un chico de 12 años en el Parque San Martín. Pero a esa reunión fueron los padres, que lo increparon y llamaron a la policía, que tras la denuncia, lo pusieron a disposición de la justicia. El domingo - para indignación de los padres y mayores investigaciones- el acusado fue liberado por la justicia.
Ocurrió en la ciudad de General Güemes, en el barrio Esperanza II, cuando la joven desahunaba en su domicilio y se atragantó, y pese a los esfuerzos de quienes estaban con ella, falleció. Una fiscalía busca confirmar las causas del deceso.
Hay varios detenidos personas vinculado a diferentes hechos delictivos, se secuestraron animales, vacunos, equinos, porcinos, también un elemento de artefacto.
El Senador Provincial, Miguel Calabró, confirmó durante su visita al programa De Buena Fuente, que se “reactivará la obra de la construcción de un nuevo puente de Vaqueros”.
Así lo manifestó el senador Miguel en el programa De Buena Fuente. “el conflicto de tierras se pudo haber evitado y solucionarlo hoy mismo porque si hay tierras fiscales” manifestó.
De esta manera durante el programa de Marcela Jesus, el senador Miguel Calabró enfatizó que hace años el municipio de La Caldera no busca planificar y que la población se agranda más. Por lo tanto, no se busca la entrega de terrenos sociales para la gente.