Imputaron al venezolano que se llevó una menor de Aguaray a Bolivia

Tal como estaba previsto se realizó la noche del martes en la ciudad de General Güemes la marcha reclamando justicia en el caso que le costó la vida a Julieta Nahír Siles. Sorprendió la ausencia de principales autoridades del departamento, de concejales mujeres, y las denuncias de las oradoras de una campaña de difamación de la víctima, e incluso de amenazas anónimas. "Esta marcha no es contra nadie, sino para pedir justicia", aclaró una de las organizadoras. "Si es necesario salir todos los días para que se esclarezca lo que pasó, lo vamos a hacer", prometió otra.

Se realizaron allanamientos en varias viviendas de villa San Antonio, en donde se secuestró más de 10 mil dosis de drogas, dinero en efectivo, teléfonos celulares, entre otros elementos vinculados a la causa.

No sólo las inundaciones son noticias en La Silleta. También lo son por casos lamentables en fiestas de amigos. Una de ellas realizada el viernes terminó con varios amigos lamentando daños impensados por los concurrentes a esa fiesta que pintaron con aerosol todo lo que encontraron a su paso en la mencionada urbanización. Otra fiesta que terminó mal se desarrolló el sábado y se interrumpió cuando uno de los presentes, por razones que se tratan de establecer, recibió un disparo mortal en el pecho, con un arma reglamentaria. Hay tres detenidos: el agente propietario de la pistola Versa y otros dos amigos que participaban de esa insólita fiesta.

A días de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, una joven de 24 años denunció haber sido violada en un hotel por cuatro jugadores de Vélez Sarsfield que la semana pasada estuvieron en Tucumán para enfrentar a Atlético. Según la denuncia, ella habría sido convocada por Instagram por el arquero uruguayo Sebastián Sosa. Una vez en el hotel, aparecieron otros tres jugadores, la invitaron a tomar un vino, perdió el conocimiento, momento que habría sido aprovechado por los denunciados para cometer el aberrante hecho.

En el marco de la causa contra siete jefes del Servicio Penitenciario, acusados de cobrar coimas para beneficiar detenidos, la Policía de Salta y el CIF, allanó el domicilio del Subdirector General del Servicio Penitenciario, Francisco Martínez.

El hecho fue denunciado por la madre de un menor, al tomar conocimiento de que había sido citado por un exfuncionario de la municipalidad en un punto de encuentro en la zona del parque San Martín. Finalmente no declaró el acusado de grooming y fue imputado de forma provisional.