Allanaron la casa del Subdirector del Servicio Penitenciario

El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta juzga al ex jefe comunal de Salvador Mazza junto a los dueños de los cabarets Quijote y Terra Nostra, donde en 2013 rescataron a presuntas víctimas de trata de personas. La sentencia será el 22 de abril. Hoy alegaron los defensores de los acusados, entre ellos el de Villalba, quien aseguró que la investigación no halló pruebas contra él pero además que fue sometido a una persecución política y mediática que nada tiene que ver con la administración del municipio.

Lo dijo el asesor de Menores e Incapaces, Marcelo Fernández Esteban, en el marco del juicio por maltrato infantil por el que están acusadas nueve mujeres que trabajaban en el dispositivo estatal Casita Feliz.

Durante su alegato el viernes en el TOF N°2, la auxiliar fiscal federal Soledad Cabezas excluyó al exintendente de Salvador Mazza de la acusación del delito de "traslado de personas con fines de explotación sexual" en la causa vinculada a los allanamientos simultáneos ocurridos en Salta en el año 2013.

El exintendente de Salvador Mazza, Carlos Villalba, está acusado junto a Nancy Gómez, Mercedes Baigorria y Roberto Quintín y Ramírez, quienes administraban locales en la capital salteña donde la policía rescató a mujeres jóvenes que ejercían la prostitución y que serían explotadas por ellos.

Los abogados defensores de las nueve exoperadoras estatales imputadas por presuntos maltratos reconocieron que se usaba duchar a los niños para contener desbordes emocionales, aunque no con agua fría.

La única excepción era la de "Casita Feliz", dijo la exministra de Desarrollo Social de Salta, Verónica Figueroa, al declarar como testigo por los presuntos maltratos sufridos por niños y niñas institucionalizados por los que están acusadas nueve exoperadoras estatales. Las condiciones deplorables del resto de los "dispositivos de protección" incluían la ausencia de inodoros, reemplazados por agujeros en el piso, según afirmó. La exfuncionaria reveló además que en su gestión detectó y separó a 12 cuidadores de niños que tenían antecedentes penales, no era el caso de las actuales imputadas.