
El caso judicial que tiene imputadas a operadoras estatales por maltratar a menores a su cargo.
Así lo dijo Ana Fernández, madre de Cintia, la joven asesinada por Mario Federico Condorí. La mujer es un ejemplo de lucha constante para muchos que aún esperan justicia. Ahora pueden creer que todo es posible. Después de ocho años, el ex policía y pareja de la víctima fue condenado a 23 años de cárcel y con su accionar, se destapó una corruptela inimaginable dentro de la Policía salteña. En esta nota, todos los detalles del denominado: “juicio del año”.
JUDICIALES07 de junio de 2019La última audiencia de juicio comenzó a las 8.30 con los alegatos del fiscal Ramiro Ramos Ossorio. Fiel a su estilo inquisitivo, no le perdonó ningún paso en falso al imputado y mucho menos a la defensa que fue cuestionada en reiteradas oportunidades. El Fiscal describió por primera vez, cómo se produjo el crimen y señaló como único responsable a Mario Federico Condorí.
De acuerdo a Ossorio, el imputado estuvo con Cintia Fernández el día del hecho y se molestó cuando vio que la joven mantenía conversaciones por internet con dos hombres. A Condorí lo invadieron los celos y la desconfianza. Todo eso produjo una discusión que terminó en la muerte de la joven. Aparentemente la habría asfixiado con una almohada y después se fue del departamento como si nada hubiese sucedido. Luego de dos días, volvió a visitar la escena del crimen pero con la intención de contaminar toda la habitación y simular que Cintia se había suicidado. Le provocó cortes y hematomas, por si fuera poco, tuvo tiempo para duplicar la llave de la puerta principal. De esa forma, no había manera de que sospecharan de un homicidio.
El Fiscal no escatimó al pedir 25 años de prisión efectiva y fundamentó su pedido en la forma de dar muerte a la víctima, como así también, por la saña criminal que muy pocas veces se ve en la vida real. Pues, no es común ver que el asesino vuelva nuevamente a la escena del crimen y plante pruebas. Las cartas ya estaban echadas sobre la mesa y a la querella no le quedaba otra que reforzar la teoría de Ossorio.
Pedro García Castiella, el abogado que durante estos años se convirtió en un amigo incondicional para Ana Fernández, supo pelear al lado de ella para girar la causa y apuntar hacía una sola dirección: el homicidio perpetrado por Condori y toda la institución policial por detrás. El querellante sabía que la fiscalía ya había realizado un alegato brillante y muy difícilmente se podría superar, es por eso que cambió su exposición sobre la marcha. Primero apeló al plano afectivo, describiendo quién era Cintia y como un “ogro” perverso la mató sin escrúpulos, truncando sus sueños y dejando a una madre sin su más preciado tesoro. Luego, Castiella apuntó al sobreseimiento que tuvo Condorí al principio de la investigación y afirmó que siempre hubo elementos para condenarlo, aun cuando los ADN no concordaban con esta persona. Finalmente, se adecuó a la pena solicitada por la fiscalía y compartió la mecánica del crimen descrita por su antecesor.
Por su parte la defensa a cargo de Daniel Luna y Alejandro Eckhardt, eligieron el camino más largo para demostrar la inocencia de Condori, aun sabiendo de antemano que iba a ser condenado. Estaban vencidos sin haber escuchado la sentencia y fue una muestra de debilidad fatal. De todas formas el alegato buscó echar por tierra las únicas pruebas con las que contaba la fiscalía. Por un lado se refirieron a una testigo que dijo haber escuchado la moto de Condorí el día del hecho pero que nunca lo vio. Este relato fue tildado de poco serio y que prácticamente se presta para la duda. También, se hizo alusión a los resultados de la autopsia que afirman la existencia de varios ADN que no concuerdan con Condori, incluso, material genético de fluido seminal que lleva a pensar que Cintia tuvo relaciones sexuales con su agresor al momento de perder la vida.
Cerca de las 18.30, el Tribunal de Juicio encabezado por la estricta Dra. Norma Vera, pasó a un cuarto intermedio. Casi tres horas después y a sala llena, se escuchó la sentencia que condenó a 23 años de prisión al único imputado en la causa. Ana Fernández rompió en llano y se abrazó con su abogado querellante mientras empezaba a sentir algo de paz, después de ocho años de luchar contra viento y marea para llegar a esos diez minutos donde el responsable de asesinar a su hija, era trasladado a la cárcel.
Algo cambió en su mirada después del juicio, esa mujer arrasadora había bajado la guardia por primera vez en mucho tiempo y confesó: “La justicia estuvo en deuda conmigo y ahora ya no lo está. Estoy convencida que mi mariposa está volando libre, ella me mantuvo en pie y lo seguiré haciendo para todos los familiares que aun buscan justicia. Pase por muchas cosas crueles pero el sistema no me arrodillo. Siempre estuve convencida, denuncie a la policía y al encubrimiento. No me equivoque. Estoy conforme con el tribunal, la verdad que yo venía descreída de la justicia, pero hoy encontré justicia”.
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Hoy hablaron las imputadas, una mujer que se desempeñaba como coordinadora del dispositivo y las ocho operadoras. El hogar para niños en adopción funcionaba en el barrio Tres Cerritos de la ciudad de Salta, hasta 2023, que fueron denunciados maltratos.
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Sara Millerey González Borja, de 32 años, fue remitida a un centro médico, pero la gravedad de las lesiones y el agua contaminada del afluente complicaron su estado. Organizaciones advierten que no se trata de un caso aislado.
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Tenía 61 años y estaba internada desde hacía dos semanas por complicaciones con su diabetes. La noticia fue confirmada por su hija.
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