La fiscal Mónica Poma ya solicitó al Tribunal de Impugnación continuar con la investigación del doble femicidio de Cassandre Bouvier y Houria Mounmi, ocurrido en 2011 y por el cual está condenado Gustavo Lasi y sobreseído Santos Clemente Vera. La unidad fiscal fue anunciada por el procurador Pedro García Castiella, quien aclaró que no es una reapertura de la causa, sino una continuidad de la investigación.
JUDICIALES13 de febrero de 2025 Melina Sola
En conferencia de prensa el Procurador de Salta dijo que la unidad fiscal para investigar el doble femicidio de las francesas será similar a la que conformó para avanzar en la causa por el crimen de Jimena Salas. En este caso, la estrategia logró significativos avances, luego de muchos años sin responsables, con la detención y elevación a juicio de los hermanos Javier "Chino" Nicolás Saavedra, Carlos Damián Saavedra y Adrián Guillermo Saavedra.
García Castiella aclaró que en el caso de las francesas no hay una reapertura sino una continuidad de la investigación. La pesquisa que hasta el momento no logró una hipótesis certera o concluyente respecto a la cronología de cómo, cuándo, dónde y por quiénes fueron atacadas Cassandre y Houria, golpeadas, abusadas y ejecutadas con dos disparos en la cabeza y en la espalda, respectivamente, de una carabina calibre 22 que pertenecía a la familia de Lasi, el primer condenado.
El Procurador aclaró que no cuestionarán el sobreseimiento de Santos Clemente Vera, a quien un tribunal le aplicó el principio de insubsistencia de la acción penal por haber estado preso sin condena firme por años, pero que pueden continuar investigando en vistas de que no se declaró la extinción de la acción penal.
Sobre Vera recordó que en primera instancia fue sobreseído por el beneficio de la duda y luego condenado en segunda instancia. Su caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que no se expidió sobre su culpabilidad o inocencia, sino que envió la causa a un Tribunal de Impugnación, que podría haber ordenado que se haga un nuevo juicio o confirmado la absolución, sin embargo decidió utilizar el principio de insubsistencia de la acción penal para sobreseer al acusado.
El tiempo de la prescripción del delito no está vencido (son 15 años para eso) por lo que aún corren las vías recursivas para las partes, indicó García Castiella. Informó que la fiscal Mónica Poma ya solicitó al Tribunal de Impugnación continuar con la investigación del caso. "Es decisión del MPF que se remitan las piezas para continuar la investigación", afirmó.
Hoy hablaron las imputadas, una mujer que se desempeñaba como coordinadora del dispositivo y las ocho operadoras. El hogar para niños en adopción funcionaba en el barrio Tres Cerritos de la ciudad de Salta, hasta 2023, que fueron denunciados maltratos.
El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta juzga al ex jefe comunal de Salvador Mazza junto a los dueños de los cabarets Quijote y Terra Nostra, donde en 2013 rescataron a presuntas víctimas de trata de personas. La sentencia será el 22 de abril. Hoy alegaron los defensores de los acusados, entre ellos el de Villalba, quien aseguró que la investigación no halló pruebas contra él pero además que fue sometido a una persecución política y mediática que nada tiene que ver con la administración del municipio.
Lo dijo el asesor de Menores e Incapaces, Marcelo Fernández Esteban, en el marco del juicio por maltrato infantil por el que están acusadas nueve mujeres que trabajaban en el dispositivo estatal Casita Feliz.
Durante su alegato el viernes en el TOF N°2, la auxiliar fiscal federal Soledad Cabezas excluyó al exintendente de Salvador Mazza de la acusación del delito de "traslado de personas con fines de explotación sexual" en la causa vinculada a los allanamientos simultáneos ocurridos en Salta en el año 2013.
El exintendente de Salvador Mazza, Carlos Villalba, está acusado junto a Nancy Gómez, Mercedes Baigorria y Roberto Quintín y Ramírez, quienes administraban locales en la capital salteña donde la policía rescató a mujeres jóvenes que ejercían la prostitución y que serían explotadas por ellos.
Los abogados defensores de las nueve exoperadoras estatales imputadas por presuntos maltratos reconocieron que se usaba duchar a los niños para contener desbordes emocionales, aunque no con agua fría.
Sara Millerey González Borja, de 32 años, fue remitida a un centro médico, pero la gravedad de las lesiones y el agua contaminada del afluente complicaron su estado. Organizaciones advierten que no se trata de un caso aislado.
Hoy hablaron las imputadas, una mujer que se desempeñaba como coordinadora del dispositivo y las ocho operadoras. El hogar para niños en adopción funcionaba en el barrio Tres Cerritos de la ciudad de Salta, hasta 2023, que fueron denunciados maltratos.
El jefe del V Distrito de Vialidad Nacional destacó el convenio de obras entre Salta y Nación.
El ingeniero se refirió a la posible vuelta del cobro de peaje para acceder a Salta, que permitirá financiar la recuperación de la calzada.
El jefe del V Distrito de Vialidad Nacional destacó la importancia del trabajo conjunto entre el gobernador y el senador nacional para reactivar obras en Salta.