La secretaria de Derechos Humanos, Mariana Reyes, manifestó que en las unidades carcelarias de mujeres el acceso a la salud y a la justicia es bastante precario, ya que en algunos casos pasan meses sin poder realizarse los controles médicos de rutina y en las situaciones más drásticas ni siquiera reciben las visitas de los defensores oficiales del Estado pagados con el sueldo de todos los salteños.
DE BUENA FUENTE 28 de noviembre de 2022
Redacción El Expreso de Salta
La secretaria de Derechos Humanos Mariana Reyes se refirió a la dura situación que atraviesan las mujeres privadas de su libertad en la provincia de Salta. En tal sentido destacó la labor que se realizó conjuntamente desde su área en conjunto con el ministerio de Salud.
"Hicimos el primer operativo intramuros con el ministerio de Salud, fuimos a las unidades carcelarias y realizamos un diagnostico de situación. Nos entrevistamos con las 107 mujeres que en ese momento estaban alojadas en el penal de Villa las Rosas y a partir de ahí pudimos indagar", resaltó.
Reyes contó que las presas planteaban sobre todo las necesidades insatisfechas con respecto al acceso a la salud, "había mujeres que no se hacían mamografías o un Papanicolau hace años. Vimos que se necesitaba todo un operativo y el ministro Juan José Esteban tuvo toda la predisposición de llevar el camión oncológico allí, lo sacó del cronograma para llevarlo dos días y trabajar de una manera increíble", añadió.
Cabe destacar que para sacar a una persona de la cárcel temporalmente, ya sea para una consulta médica o un trámite judicial, se requiere toda una logística que abarca el despliegue un móvil policial, con custodia incluida, con turno previo del hospital entre otras cosas, pero "nosotros acortamos todos esos pasos que implican meses de gestión y llevamos el operativo sanitario dentro de la unidad carcelaria".
La ex concejal además relató que se hicieron presentes otros reclamos importantes por parte de las reas en lo referido a la garantía de la justicia. "Nos dimos con casos donde los defensores oficiales no llegaban a las personas privadas de su libertad, llevaban ocho meses y no tenían contacto con ellas. Cuando les preguntábamos a ellas por esto, respondían que no los habían visto nunca, que ni siquiera los conocían, que no habían llegado nunca. Entonces logramos llevar adelante todo un proceso de identificación. Hay personas que tienen su propio abogado, pero otras necesitan del Estado y lo que hicimos fue llevar los pedidos completos de cada una de las personas y las cosas se comenzaron a agilizar", agregó Reyes.
Para la titular de Derechos Humanos, luego de estas intervenciones realizadas por su equipo, la maquinaria empezó a funcionar mucho más aceitada. También se implementó un un control de rigor sobre los expedientes de quienes manifestaron no haber conocido a su asesor lega. "Los jueces nos abrieron las puertas en ese sentido para atender a nuestros informes, fue un equipo profesional de abogados, trabajadoras sociales y con eso fuimos recorriendo cada una de las unidades carcelarias", finalizó.
La concejal afirmó que “al declarar la emergencia no va a llegar la solución, sino que declarar la emergencia muchas veces da lugar a decisiones que se toman sean aún más discrecionales”.
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