Sebastián Alejandro Cardozo
A las 9.15 de la mañana de este jueves, estaba previsto la declaración de la máxima autoridad que tiene el Convento San Bernardo conocido como de las Carmelitas Descalzas. Todas las partes se reunieron para proceder al acto postergado desde antes de la feria judicial de invierno. Interviene el Juzgado de Garantías de Primera Nominación a cargo de la Dra. Ada Zunino.
De acuerdo a lo que pudo averiguar el Expreso de Salta, esta declaración testimonial se da en el marco de una denuncia que el propio Arzobispo de Salta había realizado a quienes administran el fondo fiduciario creado por Obeid y Mentesana en la Virgen del Cerro.
Cabe destacar que el eje del conflicto continúa siendo el aval de las religiosas a la “Virgen del Cerro”, devoción no reconocida por la Iglesia. Esta problemática trajo varios idas y vueltas e incluso las monjas denunciaron hechos de violencia de género y económica de parte de Mario Antonio Cargnello y otros altos mandos de la Iglesia Católica.
Cómo se recordará, ya existía una convocatoria para esta medida por parte del Juzgado de Garantías pero se suspendió porque los abogados del monasterio reclamaron que no estuvieran presentes sus pares que trabajan para el Arzobispado y, a la vez, pidieron que la testimonial fuera respetando la clausura.
Todo apunta a que existen dudas respecto de si el vínculo entre el convento y la “Virgen del Cerro” –las monjas integran la fundación Obra Yo soy la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús y Yo soy el Sacratísimo Corazón Eucarístico de Jesús, encargada de los temas relacionados con la devoción– podría extenderse al ámbito económico y la posibilidad de una malversación de fondos.
Según consiga Diario la Nación, está documentado que el terreno donde está la ermita de la virgen fue donado por Eduardo Garat y está a nombre del monasterio. En 2006, el convento realizó una transferencia gratuita de dominio fiduciario de la tierra a la fundación por 30 años. A nombre del convento hay entre tres y cinco propiedades que son administradas por Marcelo Mentesana, que, según consta en las presentaciones, cobra por la tarea.
En definitiva, se abre otro capítulo de esta batalla judicial entre las Carmelitas Descalzas y el Arzobispo, está vez ya no por violencia sino por la administración de los bienes que la Iglesia debería manejar pero no lo hace porque las monjas dicen tener independencia y tratan directamente con María Livia y todos los socios que hay por detrás.
