Respetando el estado de clausura, la Justicia salteña procede a tomarle declaración cómo testigo a la priora del Convento San Bernardo, en el marco de una denuncia originada por el arzobispo, Mario Antonio Cargnello.
JUDICIALES24 de noviembre de 2022
Sebastián Alejandro Cardozo
A las 9.15 de la mañana de este jueves, estaba previsto la declaración de la máxima autoridad que tiene el Convento San Bernardo conocido como de las Carmelitas Descalzas. Todas las partes se reunieron para proceder al acto postergado desde antes de la feria judicial de invierno. Interviene el Juzgado de Garantías de Primera Nominación a cargo de la Dra. Ada Zunino.
De acuerdo a lo que pudo averiguar el Expreso de Salta, esta declaración testimonial se da en el marco de una denuncia que el propio Arzobispo de Salta había realizado a quienes administran el fondo fiduciario creado por Obeid y Mentesana en la Virgen del Cerro.
Cabe destacar que el eje del conflicto continúa siendo el aval de las religiosas a la “Virgen del Cerro”, devoción no reconocida por la Iglesia. Esta problemática trajo varios idas y vueltas e incluso las monjas denunciaron hechos de violencia de género y económica de parte de Mario Antonio Cargnello y otros altos mandos de la Iglesia Católica.
Cómo se recordará, ya existía una convocatoria para esta medida por parte del Juzgado de Garantías pero se suspendió porque los abogados del monasterio reclamaron que no estuvieran presentes sus pares que trabajan para el Arzobispado y, a la vez, pidieron que la testimonial fuera respetando la clausura.
Todo apunta a que existen dudas respecto de si el vínculo entre el convento y la “Virgen del Cerro” –las monjas integran la fundación Obra Yo soy la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús y Yo soy el Sacratísimo Corazón Eucarístico de Jesús, encargada de los temas relacionados con la devoción– podría extenderse al ámbito económico y la posibilidad de una malversación de fondos.
Según consiga Diario la Nación, está documentado que el terreno donde está la ermita de la virgen fue donado por Eduardo Garat y está a nombre del monasterio. En 2006, el convento realizó una transferencia gratuita de dominio fiduciario de la tierra a la fundación por 30 años. A nombre del convento hay entre tres y cinco propiedades que son administradas por Marcelo Mentesana, que, según consta en las presentaciones, cobra por la tarea.
En definitiva, se abre otro capítulo de esta batalla judicial entre las Carmelitas Descalzas y el Arzobispo, está vez ya no por violencia sino por la administración de los bienes que la Iglesia debería manejar pero no lo hace porque las monjas dicen tener independencia y tratan directamente con María Livia y todos los socios que hay por detrás.
El gobierno peruano dio luz verde al traslado de Tony Janzen Valverde Victoriano. Será juzgado en Argentina por los femicidios de tres jóvenes.
Ocurrió el pasado 17 de enero, hace exactamente hace una semana, y sus familiares y amigos no están convencidos de que haya sido por un “derrape” de su motocicleta. Lo llamativo es que la familia se enteró seis horas después de ocurrido el siniestro.
El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura accionó judicialmente para exigir la aparición inmediata de Marlen Villarrubia. La mujer fue apresada a principios de enero por un requerimiento legal vencido.
El hecho ocurrió en la tarde del lunes en la zona este de la ciudad, cuando un automovilista embistió a una menor y luego intentó escapar. Fue detenido horas después y el test confirmó consumo de alcohol.
Una vecina denunció que al ingerir una morcilla encontró carne que pertenecería a un "felino", y señaló una carnicería que funciona en Barrio Ceferino, local que fue allanado en el día de hoy martes, en donde procedió a secuestrar cuatro tipos de productos que comercializa normalmente el local: queso de cerdo, chorizo, butifarra y morcilla para realizarle los análisis correspondientes y verificar si lo que denunció la vecina es así o qué fue lo que pasó con la llamativa morcilla que compró.
El hecho tuvo lugar en la ciudad de Orán, a orillas del río Bermejo, cuando una patrulla fluvial observó la presencia de una embarcación inflable. La misma estaba ocupada por cuatro personas (tres menores y un mayor de edad) de nacionalidad boliviana.
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Las principales irregularidades detectadas fueron falta de higiene, presencia de plagas y la comercialización de alimentos no aptos para el consumo, como mercadería vencida, productos fuera de la cadena de frío o con deficiencias en el rotulado.
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Ocurrió en la ciudad de Salta tras operativos municipales de control. Uno de los locales quedó cerrado por vender productos vencidos y el otro fue clausurado de forma preventiva por fallas graves en la cadena de frío.
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