Caso Salas: Javier Saavedra, ángel o demonio

Javier Nicolás "Chino" Saavedra fue sobreseído por su propia muerte antes del juicio que lo hubiera tenido sentado en el banquillo junto con sus hermanos Damián y Guillermo, los tres acusados de asesinar a Jimena Salas en enero de 2017. El proceso estaba armado para Javier, pero lamentablemente se quitó la vida en el baño de la Alcaidía de Salta, dejando -con una breve despedida escrita de puño y letra- un manto de dudas sobre un crimen que sigue siendo inexplicable. 

El debate está en su etapa final y hasta ahora no hubo pruebas que incriminen a los hermanos en el asesinato. Todas las evidencias apuntan contra Javier -incluyendo su ADN en 15 puntos de la escena del crimen, la casa del barrio San Nicolás en la localidad de Vaqueros donde la víctima fue acuchillada más de 40 veces frente a sus mellizas de tres años.

Sin embargo, casi todos los que conocieron a Javier piensan que es inocente y lo consideran un ser extremadamente piadoso, teniendo en cuenta todo lo que logró durante su paso por el último rincón de la Argentina, el municipio de Santa Victoria Este.  Entre 2018 y 2022 ayudó a 180 comunidades originarias que carecían de lo más básico: el agua potable.  

La imagen impoluta de muchas personas contrasta con las evidencias del asesinato, así como de otros delitos con los que se lo relaciona. Testigos declararon que Javier fue echado de la Fundación Caii porque se metió en la cama de una compañera sin el consentimiento de ella. Al poco tiempo de aquella expulsión hubo daños en una de las ventanas de la vivienda de la ONG y después un robo en el que se llevaron dos computadoras, tarjetas de crédito, papeles y una valija roja. Algunos de estos elementos fueron secuestrados del allanamiento en la casa materna de Javier, en el barrio Parque Belgrano de la ciudad de Salta.

La obra de Javier en Santa Victoria

En cambio, una mujer originaria declaró: "como defensora de los derechos indígenas soy agradecida con Javier (…) desde que llegó interesó a la comunidad a través de la música (…) Junto con Javier hemos ayudado da a distintas comunidades en lo más profundo de chaco salteño (…) trabajamos juntos para llevar ayuda, alimento y ropa, a las comunidades que están alejadas de la ruta y del río (…) estamos todos agradecidos por todo lo que hemos visto durante su tiempo”. Mientras este relato transcurría, Ana María Simón, la madre de los Saavedra, se quebraba en un llanto silencioso y desgarrador que contenía apenas con su pañuelo apretado con el puño de la mano.

Del mismo tenor que la mujer chorote fue la declaración de Verónica Figueroa, ex funcionaria de la Municipalidad de Salta y luego ministra de Desarrollo Social de la provincia. Testificó que en 2016 junto con un grupo de estudiantes Javier fue contratado para un proyecto del plan nacional Hábitat y que tuvo un excelente desempeño en un barrio de Salta cuyos pobladores carecían de necesidades básicas. El buen concepto sobre el joven, motivó que años más tarde le pidieran un diagnóstico de situación de las comunidades originarias del norte y luego la contratación en el Gobierno provincial. 

“Al día siguiente de ser elegido como Gobernador, Gustavo Sáenz me convocó para ver si yo quería ser ministra de Desarrollo Social, le pedí unos días para evaluar si podía hacer ese trabajo. Eran dos ministerios que se fusionaban en uno solo: el de Niñez y Desarrollo Social. Entonces me acordé que Javier Saavedra estaba en el norte, consideraba que tenía muy buen criterio y hacía buenos análisis. Conseguí su teléfono, lo llamé y le pregunté si me podía hacer un análisis de situación”, refirió Figueroa.

La exfuncionaria continuó diciendo que Javier hizo el trabajo junto con una monja con la que colaboraba en Santa Victoria. “Me mandó un informe super completo sobre el estado de situación de vulnerabilidad de las comunidades originarias, que yo hasta esa fecha desconocía Para mí fue super importante tener un termómetro de situación de cómo estaban las cosas en esa zona de la provincia (…) el informe hablaba de la necesidad de agua potable y luego dio lugar a la política de nuestro ministerio para atender esa problemática y también fue la base del discurso que dio el gobernador”, aseguró. Iba a seguir, pero en ese punto los fiscales la interrumpieron para que no se fuera por las ramas (y probablemente para evitar títulos de prensa en el filo de las elecciones).

Figueroa sí pudo explayarse en los trabajos que destacaron al joven en 2021. Uno de ellos fue acompañando al periodista Nelson Castro cuando hizo informe para TN sobre el agua contaminada que bebían las comunidades. Ese año también logró el premio de la Fundación River Plate que sirvió para construir un merendero. “Mi concepto sobre Javier es excelente por su trabajo. Confiaba en su criterio, era empático e inteligente”.

“No lo arrestan, lo secuestran”

Entre los testigos que llamó a declarar el defensor de los Saavedra, se cuenta el sacerdote franciscano Martín Caserta, párroco de Santa Victoria Este e integrante de la pastoral social que tiene importante presencia en el territorio de las comunidades originarias. Trabajó codo a codo con Javier a partir de 2020 y hasta el momento de su detención, en septiembre de 2022. El cura aseguró que la Policía de Salta lo detuvo sin respetar sus garantías:

“Fue un momento muy tensionante y trágico, estuve buscando cinco horas a Javier y no sabía dónde estaba”, contó Caserta. “Yo salgo detrás del móvil policial para Tartagal y de las dos camionetas que fueron, solo llega una al Poder Judicial y la otra se desaparece con Javier. Eso fue a las cinco de la tarde, lo llevan a distintos lugares para golpearlo y lo entregan de nuevo a las diez de la noche, en una de las comisarías”. Agregó que al día siguiente a primera hora volvió a verlo en Salta y observó que le habían pegado más. 

Por otra parte, dijo no creer en la denuncia de los policías que trasladaron a Javier desde el norte a la capital salteña. Los uniformados aseguran que en el trayecto por la ruta 34 el detenido quiso estrellar el vehículo contra camiones que venían de frente. Caserta cree en la inocencia de su amigo y no en el Poder Judicial:

“Trabajamos en un contexto de mucha injusticia, donde se mueren bebés, donde las personas mayores no llegan a hacer el tratamiento de cáncer y se mueren jóvenes, donde la gente no tiene para comer, no tiene agua. Entonces a nosotros las injusticias sociales nos tocan todos los días, es la primera vez que nos toca la injusticia desde el Poder Judicial, donde vemos que una persona que es inocente termina muriéndose en la Alcaidía”.

Como sigue el juicio

Los alegatos serán el 5 y 6 de noviembre ante jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano, quienes aún no definieron la fecha de la sentencia. 
La defensa de los dos imputados está a cargo de Marcelo Arancibia y la querella está representada por Pedro Arancibia. La acusación se lleva adelante por la Unidad Fiscal integrada por los fiscales Mónica Poma, Gabriel González y Leandro Flores.