Villa Las Rosas

Tras las condenas de prisión efectiva para los penitenciarios que integraron una red narcocriminal dentro del penal de Villa Las Rosas, los fiscales Gustavo Torres Rubelt e Inés Salinas Odorisio se mostraron satisfechos y hablaron de "antecedente inédito en la Argentina".

El Procurador General de Salta, Pedro García Castiella cerró los alegatos de la Unidad Fiscal en el juicio que se sigue contra 17 personas por la presunta red de corrupción que funcionó en el penal de Villa Las Rosas. La sentencia será el martes 30 de septiembre. La fiscalía solicitó condenas de prisión efectiva para los ocho penitenciarios imputados y una advertencia para quienes continúan activos: “el día de mañana ojalá no los encuentren sentados en los mismos banquillos de los acusados”.

Se suman los declarantes que aseguran que podrían matarlos si vuelven a la cárcel luego de prestar testimonio en el juicio contra agentes penitenciarios. Por el momento, quedaron alojados en el Centro de Contraventores.

Se trata del juez de Ejecución y Sentencia y exsubsecretario de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios, quien fue investigado en 2016 por cobrar dos sueldos. El declarante es un testigo de identidad reservada quien solicitó garantías pues dijo tener razones fundadas para temer por su vida.

El juicio que se desarrolla en Salta contra ocho penitenciarios acusados de recibir coimas para otorgar beneficios a los presos muestra conexiones con funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad que aún no fueron investigadas.

Se conoció en el juicio que intenta probar el funcionamiento de una red de corrupción en la cárcel de Villa Las Rosas. Entre las pruebas que presentó la fiscalía, hay llamadas telefónicas intervenidas y una de ellas es la que evidencia que hubo negociaciones ilegales no solo en el penal sino también en la Intendencia de Salta.

En la cárcel lo apodaban “El Estrelludo” quizás por su buen ojo para los negocios. Se trata de Sergio Moya, uno de los altos jefes del Servicio Penitenciario que están siendo juzgado bajo la sospecha de integrar una organización narcocriminal que operaba dentro del penal. En total son 20 los imputados, entre funcionarios penitenciarios, presos y familiares. La telaraña involucra a un exfuncionario de Bettina Romero y roza a la familia Teruel.

En el marco de la causa contra siete jefes del Servicio Penitenciario, acusados de cobrar coimas para beneficiar detenidos, la Policía de Salta y el CIF, allanó el domicilio del Subdirector General del Servicio Penitenciario, Francisco Martínez.

La polémica jueza Ada Zunino volvió a viralizar un audio donde intenta aclarar que en Salta no se están dando libertades a los presos como en otras Provincias. Asegura que los arrestos domiciliarios otorgados son escasos y que ningún juez tiene pensado liberar a presos con la excusa del contagio por coronavirus. Con un mensaje de tranquilidad para la sociedad, la magistrada explica el funcionamiento del Poder Judicial e insiste con que "está todo controlado".