El juicio que se desarrolla en Salta contra ocho penitenciarios acusados de recibir coimas para otorgar beneficios a los presos muestra conexiones con funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad que aún no fueron investigadas.
JUDICIALES25 de agosto de 2025 Melina Sola
La investigación de la red de corrupción en la Unidad Carcelaria 1 se valió de escuchas telefónicas, testigos de identidad reservada y cruce de transferencias bancarias. Se presume que los ocho penitenciarios acusados recibían coimas para facilitar a los presos las salidas transitorias y otros beneficios extramuros, además de habilitarles celulares, droga y comida por delivery.
Quedará por investigar si hubo complicidades de los funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad, ya que durante el desarrollo del debate se conoció que Sergio Moya, uno de los jefes imputados, tenía conexiones con Benjamín Cruz y con Jorge Javier Salgado, dos altos burócratas del Gobierno de Salta en el momento de los hechos. El vínculo fue mencionado ante el tribunal por la denunciante de los ilícitos, Carina Torres, la primera mujer en ocupar la Dirección General del Servicio Penitenciario de Salta.
Torres declaró ante los jueces que al asumir sus funciones recibió un pedido de Salgado para que afectara al jefe Moya para trabajar con Cruz, quien se candidateaba como intendente de San Lorenzo mientras era secretario de Gobierno de la Municipalidad de Salta. Benjamín Cruz había renunciado a Seguridad por el escándalo que generó que se hiciera público el ingreso irregular de uno de sus asesores al penal de Orán, donde ofreció beneficios a un sicario detenido.
Al continuar su declaración, Torres dijo que rechazó el pedido para que Moya fuera a trabajar a la intendencia capitalina porque en la Provincia se había declarado la Emergencia Carcelaria y necesitaban personal. Aun así, está demostrado que el jefe penitenciario trabajó en los dos lugares en forma paralela y que en la municipalidad también canjeó “favores” a cambio de dinero.
Las complicidades de arriba
La novedad que surgió del caso en Villa Las Rosas es que podría haber otro exfuncionario de Seguridad involucrado con la corrupción: Ángel “Cacho” Sarmiento. El indicio surge de declaraciones de testigos de identidad reservada ante la Fiscalía de Derechos Humanos, donde se menciona el apodo de Sarmiento.
Al denunciar la mecánica para conseguir droga y beneficios a cambio de dinero que recibían los jefes penitenciarios, uno de los presos dijo que un día pudo ver cómo “el jefe (Francisco) Bisceglia le entregaba droga a un interno de apellido Méndez (Manuel, uno de los imputados) quien tenía acercamiento con un Ministro de Seguridad y por eso tenía muchos beneficios” y que “a Méndez se lo escuchaba permanentemente hablar con el ministro “Cacho”, quien logró que ingresen sus hijos sin ser requisados”.
La visita a Cabezón
Sarmiento, Cruz y Salgado tuvieron injerencia en los hechos sucedidos en junio de 2022, cuando el asesor político del Ministerio de seguridad, Darío Monges, se entrevistó con Oscar “Cabezón” Díaz, un sicario detenido en la Unidad Carcelaria 3 a quien le habría ofrecido beneficios durante su detención a cambio de 100 mil dólares. Tres meses más tarde, a Monges lo acribillaron de cinco disparos y aún quedan dudas sobre los responsables intelectuales del homicidio.
El juicio por la red de corrupción culminará entre el 8 y el 10 de septiembre, de acuerdo al cronograma de declaraciones que restan concluir. El debate oral y público ocurre todos los días de semana en la Sala de Grandes Juicios de Ciudad Judicial de Salta ante los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Aranibar. La Unidad Fiscal está integrada por Ana Inés Salinas Odorisio, Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt, bajo la coordinación del Procurador General, Pedro García Castiella.
El gobierno peruano dio luz verde al traslado de Tony Janzen Valverde Victoriano. Será juzgado en Argentina por los femicidios de tres jóvenes.
Ocurrió el pasado 17 de enero, hace exactamente hace una semana, y sus familiares y amigos no están convencidos de que haya sido por un “derrape” de su motocicleta. Lo llamativo es que la familia se enteró seis horas después de ocurrido el siniestro.
El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura accionó judicialmente para exigir la aparición inmediata de Marlen Villarrubia. La mujer fue apresada a principios de enero por un requerimiento legal vencido.
El hecho ocurrió en la tarde del lunes en la zona este de la ciudad, cuando un automovilista embistió a una menor y luego intentó escapar. Fue detenido horas después y el test confirmó consumo de alcohol.
Una vecina denunció que al ingerir una morcilla encontró carne que pertenecería a un "felino", y señaló una carnicería que funciona en Barrio Ceferino, local que fue allanado en el día de hoy martes, en donde procedió a secuestrar cuatro tipos de productos que comercializa normalmente el local: queso de cerdo, chorizo, butifarra y morcilla para realizarle los análisis correspondientes y verificar si lo que denunció la vecina es así o qué fue lo que pasó con la llamativa morcilla que compró.
El hecho tuvo lugar en la ciudad de Orán, a orillas del río Bermejo, cuando una patrulla fluvial observó la presencia de una embarcación inflable. La misma estaba ocupada por cuatro personas (tres menores y un mayor de edad) de nacionalidad boliviana.
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Las principales irregularidades detectadas fueron falta de higiene, presencia de plagas y la comercialización de alimentos no aptos para el consumo, como mercadería vencida, productos fuera de la cadena de frío o con deficiencias en el rotulado.
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Ocurrió en la ciudad de Salta tras operativos municipales de control. Uno de los locales quedó cerrado por vender productos vencidos y el otro fue clausurado de forma preventiva por fallas graves en la cadena de frío.
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