La acusación sostiene que los funcionarios salteños formaban una asociación ilícita junto con presos y familiares de estos, mediante la cual comercializaban estupefacientes dentro de la cárcel de Villa Las Rosas y exigían pagos en dinero o en productos (madera, carne) tanto para garantizar la seguridad de los internos, facilitarles beneficios extramuros o entregarles elementos prohibidos, tales como celulares, comida por delivery y puntas, es decir armas hechizas.
García Castiella destacó la extrema gravedad institucional del caso, la sistemática violación de derechos humanos dentro del penal y la transformación de la cárcel en un “quiosco” por parte de los imputados.
La Fiscalía señaló a Francisco Bisceglia y Sergio Moya como las figuras centrales de la organización ilícita, por su jerarquía y sus funciones de seguridad interna y externa del penal y solicitó condenas de prisión de 12 y 11 años y 8 meses, respectivamente. Sus familiares lloraban a mares cuando -en un cuarto intermedio- ingresaron a la sala y se enteraron de la pena solicitada.
A Rubén Guaymás se lo señaló por su rol de secretario de actas del Consejo Correccional, donde -sin dejar constancias de los criterios utilizados- se decidía el puntaje de conducta, para que los internos accedieran o no a los pedidos para trabajar en la granja, tener salidas transitorias u obtener la libertad condicional. Uno de los presos que testificó en el juicio dijo que los penitenciarios se reunían arriba de un catamarán, en el dique, donde tomaban este tipo de decisiones. Otro dijo que el grupo ilícito contaba con la complicidad del juez de Ejecución, Martín Martínez.
Todos los penitenciarios acusados serían parte fundamental del engranaje para el funcionamiento del entramado ilegal.
“La falta de respeto por los derechos humanos se concatena necesariamente con un caldo de cultivo favorable por la extrema vulnerabilidad de las personas privadas de la libertad que en muchos casos no han tenido otra instancia, otra posibilidad en cuanto a la selección racional, humana y natural de evitar el mal mayor porque no tienen otra opción en este ámbito oscuro, totalmente aislado, que acogerse a este perverso molde”, subrayó el Procurador.
Continuó: “otro sesgo criminal con consecuencias gravosas es el fuerte y severo atentado a la confiabilidad de los regímenes y gradualidades de acceso a los beneficios previstos por la Ley 24.660 (…) Estos oprobios han impactado necesariamente en la confiabilidad del sistema (…) Hoy en día pueden estar en la calle personas que no habrían estado en condiciones de obtener algún beneficio carcelario, pero sí tenían dinero para el costillar para el kilo de asado o para la pizza. En sentido contrario, pueden estar aún alojados en el penal, internos que no tenían el dinero para la pizza o el kilo de chorizo y no pudieron acceder a un informe favorable del Consejo Correccional”.
“Hay que entender que las personas privadas de la libertad no son expulsadas de la condición humana y es lo que estaríamos consintiendo si miramos para otro lado”, insistió el Procurador, al tiempo que señaló que el penal significó para los internos una suerte de “expulsión al inframundo”.
En ese punto del alegato, rememoró al filósofo francés Michel Foucault cuando describió la planificación urbana de las sociedades modernas contemporáneas, con anillos concéntricos donde en los más alejados del centro se coloca “el despojo de la sociedad”. “En nuestra ciudad, tristemente, tenemos un clarísimo ejemplo de ello, porque donde la sociedad no quiere ver, se localizan espacios como el Hospital Ragone, el cementerio, la cárcel”.
Además del Procurador, la Unidad Fiscal está integrada por Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto. El Tribunal de Juicio es presidido por el juez Federico Diez y los vocales Javier Araníbar y Paola Marocco. Concluída la etapa de alegatos, el próximo martes, de las 8:30, se realizarán las réplicas y se prevé que el 30 de septiembre se conozca el veredicto.
