El juez de Ejecución 2 de Salta, Martín Martínez, fue citado en la jornada del jueves en el juicio por la presunta red de corrupción que funcionó en la Unidad Carcelaria N° 1, donde ocho exfuncionarios de la penitenciaría están acusados de cobrar coimas para habilitar beneficios extramuros. Justamente el magistrado en cuestión es quien tiene a cargo de la supervisión de la conducta de los condenados y la resolución de las solicitudes de beneficios.
El testigo de identidad reservada contó que durante su detención en Villa Las Rosas mantuvo un encuentro con el abogado Ricardo Poclava y con una exautoridad del penal de apellido Rodríguez, quienes le ofrecieron a cambio de USD 10.000 la semilibertad en dos semanas, la domiciliaria a los dos meses, y finalmente la libertad en tiempo y forma. Al consultar cómo sería posible tal ofrecimiento, dado que ya le habían informado que su puntaje no le alcanzaba para obtener esos beneficios, le respondieron que no debía preocuparse, ya que trabajaban con un magistrado que manejaba el Correccional, mencionando al juez Martín Martínez.
Explicó que su negativa a pagar ocasionó que fuera amenazado en distintas oportunidades y llegó a tener un ACV y culebrilla por el estado nervioso que padecía. También contó que consultó al psiquiatra del Poder Judicial, a una psicóloga del penal y al exdirector Gutiérrez de la UC1 en búsqueda de ayuda. Expresó que les contó sobre los pedidos de dinero y las amenazas, pero que no le creyeron. También sostuvo que había solicitado en distintas oportunidades salir del penal para radicar denuncia y que su abogado le aconsejó que no denunciara a nadie porque “el juez era pesado y tenía vínculos con la hinchada de un club y se iba a hacer matar afuera”.
Precisó que sabía por un encargado de pabellón que “Muñeco”, “Oveja”y Ángel (funcionarios jerárquicos del penal) se hacían llamar los “Danger Boys”y que se juntaban una vez al mes en un catamarán y allí decidían a quiénes le otorgarían los beneficios.
Dijo que su ingreso al penal fue en noviembre de 2022 y que pagó para que no lo abusaran ni golpearan, logrando pasar Navidad en un pabellón seguro. Para eso “arregló” con el Jefe (Francisco) Bisceglia, del Pabellón E, uno de los penitenciarios imputados, a través de su hermano que le entregó 50 mil pesos en una confitería del barrio El Tipal. Añadió que también efectuó otro pago por beneficios y que, además, le entregó a este funcionario órdenes para que personal penitenciario retirara madera de su maderera.
