Se trata del juez de Ejecución y Sentencia y exsubsecretario de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios, quien fue investigado en 2016 por cobrar dos sueldos. El declarante es un testigo de identidad reservada quien solicitó garantías pues dijo tener razones fundadas para temer por su vida.
JUDICIALES29 de agosto de 2025 Melina Sola
El juez de Ejecución 2 de Salta, Martín Martínez, fue citado en la jornada del jueves en el juicio por la presunta red de corrupción que funcionó en la Unidad Carcelaria N° 1, donde ocho exfuncionarios de la penitenciaría están acusados de cobrar coimas para habilitar beneficios extramuros. Justamente el magistrado en cuestión es quien tiene a cargo de la supervisión de la conducta de los condenados y la resolución de las solicitudes de beneficios.
El testigo de identidad reservada contó que durante su detención en Villa Las Rosas mantuvo un encuentro con el abogado Ricardo Poclava y con una exautoridad del penal de apellido Rodríguez, quienes le ofrecieron a cambio de USD 10.000 la semilibertad en dos semanas, la domiciliaria a los dos meses, y finalmente la libertad en tiempo y forma. Al consultar cómo sería posible tal ofrecimiento, dado que ya le habían informado que su puntaje no le alcanzaba para obtener esos beneficios, le respondieron que no debía preocuparse, ya que trabajaban con un magistrado que manejaba el Correccional, mencionando al juez Martín Martínez.
Explicó que su negativa a pagar ocasionó que fuera amenazado en distintas oportunidades y llegó a tener un ACV y culebrilla por el estado nervioso que padecía. También contó que consultó al psiquiatra del Poder Judicial, a una psicóloga del penal y al exdirector Gutiérrez de la UC1 en búsqueda de ayuda. Expresó que les contó sobre los pedidos de dinero y las amenazas, pero que no le creyeron. También sostuvo que había solicitado en distintas oportunidades salir del penal para radicar denuncia y que su abogado le aconsejó que no denunciara a nadie porque “el juez era pesado y tenía vínculos con la hinchada de un club y se iba a hacer matar afuera”.
Precisó que sabía por un encargado de pabellón que “Muñeco”, “Oveja”y Ángel (funcionarios jerárquicos del penal) se hacían llamar los “Danger Boys”y que se juntaban una vez al mes en un catamarán y allí decidían a quiénes le otorgarían los beneficios.
Dijo que su ingreso al penal fue en noviembre de 2022 y que pagó para que no lo abusaran ni golpearan, logrando pasar Navidad en un pabellón seguro. Para eso “arregló” con el Jefe (Francisco) Bisceglia, del Pabellón E, uno de los penitenciarios imputados, a través de su hermano que le entregó 50 mil pesos en una confitería del barrio El Tipal. Añadió que también efectuó otro pago por beneficios y que, además, le entregó a este funcionario órdenes para que personal penitenciario retirara madera de su maderera.
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Los defensores de Patricia Argañaraz y Ana María Cerezo solicitaron a los jueces de la Sala IV del Tribunal de Impugnación que dejen sin efecto las condenas a seis años de prisión que cumplen en Villa Las Rosas. La causa está vinculada a planes de vivienda que no se concretaron.
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El hijo mayor de Vicente Cordeyro planteó dudas en torno a la teoría del suicidio que sostiene la unidad fiscal que investiga lo sucedido el 9 de octubre pasado, cuando desapareció el exjefe de Investigaciones de la Policía de Salta. Esta entrevista fue publicada originalmente en 26/11 en la versión PDF de El Expreso de Salta.
Este lunes por la tarde, el gobernador Gustavo Sáenz dará inicio a la primera tanda de asunciones de funcionarios en el marco de la reformada Ley de Ministerios.
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Enrique Cornejo señaló que solicitarán a los legisladores nacionales que contemplen las particularidades de las economías regionales.
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