En la cárcel lo apodaban “El Estrelludo” quizás por su buen ojo para los negocios. Se trata de Sergio Moya, uno de los altos jefes del Servicio Penitenciario que están siendo juzgado bajo la sospecha de integrar una organización narcocriminal que operaba dentro del penal. En total son 20 los imputados, entre funcionarios penitenciarios, presos y familiares. La telaraña involucra a un exfuncionario de Bettina Romero y roza a la familia Teruel.
JUDICIALES10 de agosto de 2025 Melina Sola
En la cárcel lo apodaban “El Estrelludo” quizás por su buen ojo para los negocios. Se trata de Sergio Moya, uno de los altos jefes del Servicio Penitenciario que están siendo juzgado bajo la sospecha de liderar una organización narcocriminal que operaba dentro del penal. En total son 20 los imputados, entre funcionarios penitenciarios, presos y familiares.
Sobresale de los detalles del caso, que los populares artistas y padres de Lautaro Teruel -preso por violar a una menor de edad- habrían pagado importantes sumas de dinero para que el joven estuviera seguro mientras cumplía su condena.
Además de Moya, están imputados los funcionarios del Servicio Penitenciario Francisco Bisceglia, Rubén Guaymás, Luis Castaño, José Alarcón, Marcelo Olguín Magno, Raúl Arjona y Marcos Bucotich García. Cada uno ocupaba distintas funciones dentro de la estructura, desde celadores y jefes de pabellón hasta encargados de seguridad externa y miembros de la Junta Correccional.
El debate oral y público es en la Sala de Grandes Juicios de Ciudad Judicial de Salta ante los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Aranibar. La Unidad Fiscal está integrada por Ana Inés Salinas Odorisio, Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt, bajo la coordinación del procurador general Pedro García Castiella.
Las investigaciones surgieron de denuncias anónimas y continuaron con escuchas telefónicas que realizó el Ministerio de Justicia de la Nación, a través de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO). Se analizaron también movimientos de cuentas bancarias y billeteras virtuales que revelan una auténtica red donde estuvieron incluidos los detenidos, sus familiares y los dealers: María Cristina Galindo y Josue Joel Valencia.
Entre las que presuntamente facilitó la compra de drogas se cuenta una extrabajadora del Ministerio de Educación de Salta, María Inés Méndez, quien fue detenida en su lugar de trabajo cuando se realizaron los allanamientos simultáneos en diciembre de 2023. Por las escuchas se supo que conversaba permanentemente con su hijo Manuel, preso en Villa Las Rosas, donde habría montado el próspero negocio junto con los guardiacárceles, de quienes se jactaba por manipular.
Los presos no solo hablaban de drogas, se presume que además pedían pizza por delivery y se comían buenos asados, siempre y cuándo dejaran un par de kilos para los penitenciarios.
La investigación indica que hubo transacciones electrónicas y también pagos con dinero en efectivo que entregaban los familiares a través de encuentros con los funcionarios.
El Estrelludo
Se supo su apodo por la declaración de Pablo Sánchez, el jefe de investigaciones de la UDEC, la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público Fiscal. Contó que Moya trabajaba en simultáneo en la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Salta y que allí también ofrecía favores a cambio de dinero, como ser quitar multas.
Cabe mencionar que en ese entonces el secretario de Gobierno de la intendenta Bettina Romero era Benjamín Cruz, quién recientemente había sido eyectado del Ministerio de Seguridad de la provincia porque se conoció que ejerció influencias para que uno de sus asesores se entrevistara con un sicario preso en Orán. El asesor era Darío Monges y apareció acribillado tres meses más tarde. La causa por el ingreso de Monges al penal de Orán sigue sin elevarse a juicio.
Los favores para Lautaro
Una suma importante de dinero habría pagado la familia Teruel a funcionarios del penal para que Lautaro fuera trasladado al pabellón donde están detenidos miembros de las fuerzas de seguridad. “La necesidad de la familia para que esté en el pabellón F, era para que tenga una mayor tranquilidad en la convivencia con los otros internos”, explicó el comisario Sánchez. Ese fue uno de los tantos favores que obtuvo el joven condenado por violar a una menor de edad.
La familia se comunicaba con el jefe Francisco Bisceglia a través de Baldomero Córdoba, otro de los imputados.
Pedían “que lo llevaran al médico, que informaran si ya lo habían examinado al chico, que le mandaran las solicitudes, todo tipo de beneficios. Los iba manteniendo permanentemente al tanto, nunca en un contacto directo con la familia, siempre utilizando al señor Baldomero”. También “le manifestaban respecto a TAPLI, que es un programa donde están las personas que tienen problemas con adicciones”, señaló el policía.
Este miércoles a partir de las 8, las partes volverán a encontrarse en una audiencia donde declararán otros seis testigos.
Por razones que aún están bajo investigación judicial, en un accidente registrado en las primeras horas del sábado, falleció la joven empresaria Antonella Colque. Según información extraoficial, la víctima era la única ocupante del vehículo que se estrelló en una avenida de Villa Palacio. A medida que transcurrió el día, las expresiones de pesar se multiplicaron en las redes sociales.
El hijo mayor de Vicente Cordeyro planteó dudas en torno a la teoría del suicidio que sostiene la unidad fiscal que investiga lo sucedido el 9 de octubre pasado, cuando desapareció el exjefe de Investigaciones de la Policía de Salta. Esta entrevista fue publicada originalmente en 26/11 en la versión PDF de El Expreso de Salta.
Los vecinos denunciaron la actividad ilegal que se venía desarrollando en un domicilio y luego la División Drogas Peligrosas realizó un seguimiento que confirmó que una banda liderada por una mujer de 77 años se dedicaba a vender droga, previo fraccionamiento. Y que tenía como distribuidores a unos tres menores. Los imputados, hasta ahora son cuatro.
La medida fue dispuesta ante los riesgos procesales de fuga y posible entorpecimiento de la investigación, dada la gravedad del hecho. En tanto, uno de los imputados continuará el proceso bajo arresto domiciliario.
Alejandra Carabajal fue asesinada por su esposo Raúl Antonio Tula, quien intentó desintegrar el cuerpo emulando una exitosa serie televisiva. A 20 años del femicidio, el detalle más escabroso fue recordado por Pedro García Castiella, actual Procurador General de Salta y por entonces abogado de la familia de la víctima.
El Procurador General de Salta, Pedro García Castiella, dijo que la muerte del comisario sería por suicidio y que por ahora no se puede conectar con el femicidio ocurrido en 2017. Sobre este último caso recordó que Cordeyro aportó información relevante que señalaba a su familia política y que no fue debidamente atendida. García Castiella afirmó que luego una unidad fiscal que trabajo en la causa Salas pudo probar que la teoría de Cordeyro era acertada y que el menor de los hermanos, el fallecido Javier Chino Saavedra, era el autor del crimen.
El 6 y 7 de diciembre, de 10 a 22 horas, el Paseo Ameghino se llenará de espíritu navideño con espectáculos en vivo, talleres, feria de emprendedores, propuestas para toda la familia, la presencia de Papá Noel y la realización del Concurso del Pan Dulce Navideño.
La comunidad de Campo Santo, en General Güemes amaneció el miércoles con una imagen de horror: más de diez caballos fueron ejecutados con armas de fuego en un baldío de la mencionada localidad. Algunos estaban agonizando cuando la gente se percató de lo que había ocurrido. La Municipalidad repudió semejante acto de crueldad y prometió investigación a fondo.
El martes 9 inicia la renovación para ingresantes a nivel inicial, alumnos que requieran su primera tarjeta y de aquellos que cursen los niveles primario y secundario.
El operativo se realizará del martes 9 de diciembre al viernes 12 en el horario de 8.30 a 13. Los turnos deben pedirse vía WhatsApp. Se solicita respetar las indicaciones pre y post quirúrgicas para prevenir riesgos.
Una agrupación cobraba hasta 30.000 dólares por arreglar matrimonios y gestionar ciudadanía. “Te casás por un año y medio, luego te divorcias”, explicaba una imputada, en una de las escuchas telefónicas.