El repliegue del transporte público y la erosión de la vida urbana

Al permitir que las líneas urbanas e interurbanas se retiren de las calles del centro entre las 22:00 y las 22:30, la medida impone de facto un toque de queda para quienes dependen del transporte público, fracturando la fisonomía social, laboral y educativa de Salta.

En el ámbito académico, el impacto ya muestra su cara más severa. La resolución de recortar las actividades presenciales nocturnas -fijando el límite de clases a las 21:00 horas para institutos de nivel superior, educación técnica y escuelas secundarias vespertinas- es una admisión explícita de vulnerabilidad. Lejos de garantizar el derecho a la educación, el sistema se achica. Esta alteración de los horarios destruye la planificación pedagógica, reduce las horas reales de cátedra y perjudica directamente al perfil de estudiante más vulnerable: el trabajador que cursa a contra turno para progresar. La Universidad Nacional de Salta y las instituciones terciarias, históricas herramientas de ascenso social, ven hoy condicionada su accesibilidad no por falta de vocación o mérito de sus alumnos, sino porque el Estado y las empresas concesionarias son incapaces de garantizarles un regreso seguro a casa. Quienes viven en las periferias o en los municipios del área metropolitana quedan atrapados en una disyuntiva expulsiva: abandonar las aulas o exponerse a la intemperie y la inseguridad de la madrugada.

En paralelo, la vida social y la dinámica económica general de la ciudad ingresan en una fase de letargo forzado. El espacio público nocturno no es un lujo prescindible; es el escenario donde se desenvuelven trabajadores gastronómicos, empleados de comercio, personal de salud, de seguridad y la juventud que motoriza el esparcimiento local y su dinámica económica. Al retirar el colectivo, la única alternativa de movilidad pasa a ser el transporte privado por aplicaciones o taxis, cuyos costos resultan prohibitivos para el salario promedio de un trabajador de convenios precarizados. El resultado directo de esta parálisis será la contracción del consumo, el aislamiento de las barriadas populares y una segmentación clasista del espacio: la noche salteña pasará a ser exclusiva de aquellos que poseen un vehículo propio.

Una ciudad moderna no puede pensarse sin un transporte público que funcione las veinticuatro horas. El repliegue de SAETA no solo evidencia una de las caras más salvajes del ajuste sin fin, sino también una preocupante falta de inventiva local para proteger a los usuarios antes que a las planillas de costos. Suspender el transporte nocturno es debilitar la seguridad ciudadana, vaciar las calles y empobrecer la vida comunitaria. Salta no puede permitirse el lujo de apagar sus luces ni de interrumpir el futuro de sus estudiantes bajo la premisa de que sostener la noche es un gasto inviable; por el contrario, el acceso universal y continuo a la movilidad es el piso mínimo e innegociable para cualquier proyecto de desarrollo social, económico y educativo digno.