Suspensión de juicio para Pedro Serrudo y otros manifestantes que destrozaron la Municipalidad
La jueza María Gabriela González, vocal de la Sala III del Tribunal de Juicio, hizo lugar por dos años al pedido de suspensión de juicio a prueba presentado por Alberto Pedro Serrudo, Mario Marcelo Gamboa, Lucas Exequiel Arce, Zulma Patricia del Valle Medina, Oscar Pablo Orozco, Alberto Gutiérrez, Juan José Benítez, Jorge Antonio Alascia, Norma Marcela Robles y Marisa Estela Orozco.
Los acusados llegaron a la audiencia imputados por diferentes delitos: Alberto Pedro Serrudo, por incitación pública a la violencia; Marcelo Gamboa, por incitación pública a la violencia, lesiones leves y compulsión coactiva a la huelga; Lucas Ezequiel Arce, por incitación pública a la violencia, lesiones leves, amenazas y compulsión coactiva a la huelga; Zulma Patricia del Valle Medina, por incitación pública a la violencia, daños calificados y compulsión coactiva a la huelga.
Mientras que Oscar Pablo Orozco, por incitación pública a la violencia, daños calificados y compulsión coactiva a la huelga; Alberto Gutiérrez, por incitación pública a la violencia, daños calificados y compulsión coactiva a la huelga; Juan José Benítez, por incitación pública a la violencia; Norma Marcela Robles, por compulsión coactiva a la huelga; Jorge Antonio Alascia, por compulsión coactiva a la huelga, lesiones leves e incitación pública a la violencia; Marisa Estela Orozco, por incitación pública a la violencia.
La jueza les impuso a los acusados el cumplimiento de las siguientes reglas de conducta por el lapso de dos años: fijar domicilio y comunicar cualquier cambio al tribunal dentro de las 48 horas; prohibición de ejercer actos de violencia en contra de los denunciantes y víctimas; entregar cinco computadoras y cinco escritorios como reparación del daño causado en la Procuración General de la Municipalidad de Salta, en un plazo de treinta días.
Además, deberán donar mercadería no perecedera al Hogar de Ancianos Cristo Rey por el monto de mil pesos cada uno, en el término de sesenta días; no cometer nuevo delito; abstenerse de consumir estupefacientes y bebidas alcohólicas; someterse a los controles de la Secretaría de Derechos Humanos.
Respecto a la causa que originaron las actuaciones penales tienen como base los desmanes y lesiones que el grupo de manifestantes encabezado por Serrudo generó el 29 de abril de 2016, cuando los acusados, molestos por una decisión de la Justicia Federal que afectaba el convenio colectivo, irrumpieron en las oficinas municipales a fin de incitar a los trabajadores a unirse en la protesta.
El accionar de los manifestantes causó daños en el mobiliario, tanto en el Tribunal de Cuentas como en el Centro Cívico, donde se rompieron puertas, escritorios y computadoras.
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