Estafas en la ADP: tras acuerdo civil con damnificados solicitan la libertad de Argañaraz y Cerezo
La exsecretaria general de la ADP, Patricia Argañaraz, y la extesorera de la institución Ana María Cerezo -quien llegó a juicio ocupando ese cargo- fueron condenadas en 2024 como coautoras de administración fraudulenta y estafas reiteradas (26 hechos). En tanto que el hermano de Patricia, Raúl Dante Argañaraz y Nicolás Demetrio Zissi fueron considerados partícipes necesarios de los delitos.
Ahora, los defensores argumentaron que luego del juicio se logró un acuerdo civil, que fue homologado judicialmente y que dispuso la liquidación del fideicomiso "Virgen de Urkupiña I", la figura que utilizaba la entonces cúpula gremial para administrar el dinero que pagaban los afiliados. El contrato que se firmó incluyó el reparto de un terreno en San Luis, que se adquirió con dinero del fideicomiso, que en definitiva era lo que más anhelaban las 120 familias perjudicadas, según indicó a El Expreso de Salta el abogado Eduardo Romani, quien representó en la demanda civil a 75 afectados. En cambio, no se logró acordar con la actual dirigencia de la ADP para que entregue a los afectados un sector de los terrenos que tiene en Cerrillos, donde se había proyectado uno de los planes de vivienda.
En el ámbito penal, el abogado que representó a los estafados, Agustín Solá Garrido, rechazó el planteo de los defensores para que se deje sin efecto la pena porque que “el acuerdo civil sucedió mucho después de la condena y de los recursos de casación, que es lo que se está resolviendo ahora”.
“A esta audiencia no la pidieron ellos, la fijan directamente los jueces del Tribunal de Impugnación para conocer a las personas antes de tomar la decisión final. Sin perjuicio de ello, entiendo por comentarios de la defensa que están queriendo plantear acciones de revisión que serán en su momento, una vez que quede firme la condena”, agregó.
La causa
Inició en 2019 ante las denuncias que daban cuenta de irregularidades en el manejo de la institución. En el juicio que culminó en noviembre de 2024 la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio señaló que el desfalco llegaba a los 500 millones de pesos y que “en algunos casos, la pérdida alcanzó los 19 millones de pesos, si se actualizan los montos al día de hoy”.
Dijo que los afiliados docentes confiaron en la solvencia económica de la ADP a la hora de realizar los pagos para cumplir el sueño de la casa propia y que usaron propaganda y medios gráficos de la ADP.