La jueza María Gabriela González, vocal de la Sala III del Tribunal de Juicio, hizo lugar por dos años al pedido de suspensión de juicio a prueba presentado por Alberto Pedro Serrudo, Mario Marcelo Gamboa, Lucas Exequiel Arce, Zulma Patricia del Valle Medina, Oscar Pablo Orozco, Alberto Gutiérrez, Juan José Benítez, Jorge Antonio Alascia, Norma Marcela Robles y Marisa Estela Orozco.
JUDICIALES09 de agosto de 2019
Los acusados llegaron a la audiencia imputados por diferentes delitos: Alberto Pedro Serrudo, por incitación pública a la violencia; Marcelo Gamboa, por incitación pública a la violencia, lesiones leves y compulsión coactiva a la huelga; Lucas Ezequiel Arce, por incitación pública a la violencia, lesiones leves, amenazas y compulsión coactiva a la huelga; Zulma Patricia del Valle Medina, por incitación pública a la violencia, daños calificados y compulsión coactiva a la huelga.
Mientras que Oscar Pablo Orozco, por incitación pública a la violencia, daños calificados y compulsión coactiva a la huelga; Alberto Gutiérrez, por incitación pública a la violencia, daños calificados y compulsión coactiva a la huelga; Juan José Benítez, por incitación pública a la violencia; Norma Marcela Robles, por compulsión coactiva a la huelga; Jorge Antonio Alascia, por compulsión coactiva a la huelga, lesiones leves e incitación pública a la violencia; Marisa Estela Orozco, por incitación pública a la violencia.
La jueza les impuso a los acusados el cumplimiento de las siguientes reglas de conducta por el lapso de dos años: fijar domicilio y comunicar cualquier cambio al tribunal dentro de las 48 horas; prohibición de ejercer actos de violencia en contra de los denunciantes y víctimas; entregar cinco computadoras y cinco escritorios como reparación del daño causado en la Procuración General de la Municipalidad de Salta, en un plazo de treinta días.
Además, deberán donar mercadería no perecedera al Hogar de Ancianos Cristo Rey por el monto de mil pesos cada uno, en el término de sesenta días; no cometer nuevo delito; abstenerse de consumir estupefacientes y bebidas alcohólicas; someterse a los controles de la Secretaría de Derechos Humanos.
Respecto a la causa que originaron las actuaciones penales tienen como base los desmanes y lesiones que el grupo de manifestantes encabezado por Serrudo generó el 29 de abril de 2016, cuando los acusados, molestos por una decisión de la Justicia Federal que afectaba el convenio colectivo, irrumpieron en las oficinas municipales a fin de incitar a los trabajadores a unirse en la protesta.
El accionar de los manifestantes causó daños en el mobiliario, tanto en el Tribunal de Cuentas como en el Centro Cívico, donde se rompieron puertas, escritorios y computadoras.
El hijo mayor de Vicente Cordeyro planteó dudas en torno a la teoría del suicidio que sostiene la unidad fiscal que investiga lo sucedido el 9 de octubre pasado, cuando desapareció el exjefe de Investigaciones de la Policía de Salta. Esta entrevista fue publicada originalmente en 26/11 en la versión PDF de El Expreso de Salta.
Los vecinos denunciaron la actividad ilegal que se venía desarrollando en un domicilio y luego la División Drogas Peligrosas realizó un seguimiento que confirmó que una banda liderada por una mujer de 77 años se dedicaba a vender droga, previo fraccionamiento. Y que tenía como distribuidores a unos tres menores. Los imputados, hasta ahora son cuatro.
La medida fue dispuesta ante los riesgos procesales de fuga y posible entorpecimiento de la investigación, dada la gravedad del hecho. En tanto, uno de los imputados continuará el proceso bajo arresto domiciliario.
Alejandra Carabajal fue asesinada por su esposo Raúl Antonio Tula, quien intentó desintegrar el cuerpo emulando una exitosa serie televisiva. A 20 años del femicidio, el detalle más escabroso fue recordado por Pedro García Castiella, actual Procurador General de Salta y por entonces abogado de la familia de la víctima.
El Procurador General de Salta, Pedro García Castiella, dijo que la muerte del comisario sería por suicidio y que por ahora no se puede conectar con el femicidio ocurrido en 2017. Sobre este último caso recordó que Cordeyro aportó información relevante que señalaba a su familia política y que no fue debidamente atendida. García Castiella afirmó que luego una unidad fiscal que trabajo en la causa Salas pudo probar que la teoría de Cordeyro era acertada y que el menor de los hermanos, el fallecido Javier Chino Saavedra, era el autor del crimen.
El Procurador General de Salta, Pedro García Gastiella, dijo que hay elementos suficientes para probar que el comisario Vicente Cordeyro se suicidó. En ese sentido dijo que los fiscales esperan información sobre el contenido digital del teléfono que incineró, lo que podría arrojar alguna respuesta sobre los motivos que tuvo para tomar la drástica decisión. Aclaró que todos los detalles de la causa serán comunicados en el corto plazo, cuando terminen de recolectar la información.
El juez de paz expresó su preocupación por la precariedad laboral de este sector en Argentina.
La Municipalidad informó que los natatorios Carlos Xamena, Nicolás Vitale y Juan Domingo Perón abrirán sus puertas este fin de semana, dando inicio a la temporada estival 2025/2026.
Celedonio Torres se refirió a la preocupación de la comunidad ante las inundaciones provocadas por las intensas lluvias en el norte provincial.
El cacique de Misión San Luis advirtió que con cada lluvia el terreno se desbarranca un poco más y remarcó la falta de respuestas del Estado.
El corte se debe a la presencia de material sobre la calzada a la altura del kilómetro 85.