Hoy hablaron las imputadas, una mujer que se desempeñaba como coordinadora del dispositivo y las ocho operadoras. El hogar para niños en adopción funcionaba en el barrio Tres Cerritos de la ciudad de Salta, hasta 2023, que fueron denunciados maltratos.
Lo dijo el asesor de Menores e Incapaces, Marcelo Fernández Esteban, en el marco del juicio por maltrato infantil por el que están acusadas nueve mujeres que trabajaban en el dispositivo estatal Casita Feliz.
Los abogados defensores de las nueve exoperadoras estatales imputadas por presuntos maltratos reconocieron que se usaba duchar a los niños para contener desbordes emocionales, aunque no con agua fría.
La única excepción era la de "Casita Feliz", dijo la exministra de Desarrollo Social de Salta, Verónica Figueroa, al declarar como testigo por los presuntos maltratos sufridos por niños y niñas institucionalizados por los que están acusadas nueve exoperadoras estatales. Las condiciones deplorables del resto de los "dispositivos de protección" incluían la ausencia de inodoros, reemplazados por agujeros en el piso, según afirmó. La exfuncionaria reveló además que en su gestión detectó y separó a 12 cuidadores de niños que tenían antecedentes penales, no era el caso de las actuales imputadas.
Lo ocurrido con Claudio Gabriel Barrelier en la Municipalidad de Córdoba no debería leerse como una anécdota menor, sino como la radiografía perfecta de un sistema que premia la lealtad política por encima de la idoneidad, y que convierte el ingreso al servicio público en un acto de fe militante, no de mérito.
Gabriel Vega, el padre de Agostina, denunció que entre Melisa Heredia, la mamá de la adolescente, y Claudio Barrelier, el único detenido en la investigación, hay algún grado de complicidad en la desaparición de la menor de 14 años.
El Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas de Salta y Jujuy manifestó su profunda preocupación por el reciente despido de un trabajador de Naturgy y advirtió que la reducción de personal, la tercerización de tareas esenciales, el cierre de oficinas comerciales y la falta de inversiones ponen en riesgo la calidad, la seguridad y la continuidad del servicio de distribución de gas en Salta y en toda la región del NOA.
La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad cuando ambos trabajaban en el área de Tránsito municipal. Además del acuerdo económico con la denunciante, el funcionario enfrenta una causa penal que avanza hacia un juicio oral.
La ex concejal se refirió a las declaraciones de la senadora nacional libertaria, quien aseguró haber recibido insultos al retirarse del Congreso tras la marcha de Ni Una Menos.