El documento presentado solicita “excluir” de la Cámara baja a Espert, quien también preside la Comisión de Presupuesto del recinto, “por inhabilidad moral sobreviniente de los hechos de público conocimiento, relacionados al narcotráfico y fraude, conforme lo establecido en el artículo 66 de la Constitución Nacional“.
Dirigido a Martín Menem, presidente de Diputados, ambos bloques firmantes explicaron que dicho artículo sostiene el Parlamento puede, con el voto de los dos tercios de los miembros de cada Cámara, “corregir a cualquiera de ellos por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, o incluso excluirlo de su seno“, tal como solicitaron en el texto presentado, y agregaron que se debe “preservar la honorabilidad” de Poder Legislativo y “garantizar” que sus miembros “sostengan una conducta irreprochable“
“En días recientes se han hecho públicas informaciones periodísticas de extrema gravedad que comprometen directamente la integridad del diputado José Luis Espert. Según un relevamiento difundido por medios nacionales, el nombre del legislador aparece como receptor de transferencias por USD 200.000 en registros vinculados al empresario argentino Fred Machado, actualmente acusado en los Estados Unidos por narcotráfico y fraude. Estos documentos se encuentran en poder de la justicia norteamericana y forman parte de un proceso en el que se investiga la utilización de sociedades y transferencias financieras para lavar activos provenientes del crimen organizado“, manifestaron.
Asimismo, indicaron que con la sólo presencia del nombre de un legislador nacional “en registros asociados a una red de narcotráfico y fraude financiero” se exhibe un hecho de “enorme gravedad institucional“, dado que “no se trata de una sospecha aislada”, sino de un “señalamiento concreto” en documentos que exponen transacciones económicas “con origen en actividades criminales transnacionales”.
Para finalizar, aseguraron que la Cámara de Diputados “debe actuar con la mayor celeridad y firmeza” porque si no, “implicaría naturalizar la infiltración del narcotráfico y el crimen organizado en las estructuras de representación política”, además de “poner en riesgo a toda la Nación” y al sistema republicano.
“Excluir al diputado Espert constituye un acto de responsabilidad constitucional de resguardar la institucionalidad frente a hechos que comprometen severamente el decoro y la confianza, no sólo de esta Cámara, sino de todo el país”, concluyeron.
Las acusaciones
En las últimas semanas, distintos medios difundieron documentación judicial de Estados Unidos que da cuenta de presuntos aportes financieros y logísticos de Machado a la campaña presidencial de Espert en 2019. Entre las pruebas citadas se menciona un giro de 200 mil dólares recibido en 2020 desde un fideicomiso compartido por Machado con otra empresaria, así como vuelos y vehículos presuntamente puestos a disposición del economista durante sus actividades proselitistas.
Machado fue detenido en Argentina en 2021 y se encuentra en proceso de extradición a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico, lavado de dinero y fraude electrónico.
La defensa de Espert: “Si hubiera sabido no le agradecía a los cuatro vientos”
Frente a la contundencia de los datos, José Luis Espert se defendió argumentando que se trata de una operación política. “Esta campaña sucia viene de 2021. Desde que yo estuve peleando por la diputación arrancó y no se renuevan, siempre envuelven con lo mismo”, declaró el economista.
Espert admitió haber conocido a Machado en 2019 y haber aceptado su ayuda para presentar su libro en Viedma, incluyendo el traslado en su avión. Sin embargo, se despegó de las acusaciones criminales que pesan sobre el empresario. “Se imagina que si yo hubiera sabido que esa persona era esto, no estaría agradeciendo los cuatro vientos”, sentenció Espert, alegando un total desconocimiento de las actividades ilícitas de su entonces colaborador.
