La audiencia comenzó pasadas las 10:10 en la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, bajo la presidencia del juez José Michilini, quien estuvo acompañado por los magistrados Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti.
En una medida calificada como "excepcional" por el tribunal, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hijo, el diputado Máximo Kirchner, siguen las alternativas del debate de manera remota a través de la plataforma Zoom.
Durante el arranque de la sesión, el secretario del tribunal constató las presencias virtuales, revelando que el empresario Lázaro Báez aún no se encontraba conectado. En la sala de audiencias estuvieron presentes el abogado defensor de los Kirchner, Carlos Alberto Beraldi, y el excontador de la familia, Víctor Manzanares, junto a su letrado Roberto Herrera.
El centro de gravedad del debate no pasa por discutir la existencia de los vínculos comerciales —los cuales se encuentran acreditados y respaldados por documentación y peritajes contables—, sino por determinar la naturaleza jurídica de esas operaciones.
Mientras que la fiscalía, representada en esta etapa por Diego Velasco, sostiene que los contratos de alquiler de hoteles y propiedades fueron mecanismos simulados utilizados para lavar dinero proveniente de delitos precedentes, las defensas argumentan que se trataba de transacciones comerciales legítimas y bancarizadas.
La acusación fiscal vincula directamente los ingresos con dos grandes expedientes previos:
El caso Vialidad: por el cual Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión tras comprobarse el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz en favor de Lázaro Báez. Según el expediente, los Kirchner recibieron más de 40 millones de pesos entre 2008 y 2013 en concepto de alquileres de hoteles de la firma Hotesur.
El caso Oil Combustibles: vinculado a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa. La hipótesis fiscal señala que la petrolera del Grupo Indalo se habría hecho con más de 8 mil millones de pesos al retener indebidamente el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) sin ingresarlo a la AFIP, fondos que luego habrían retornado a la familia Kirchner mediante el alquiler de departamentos en Puerto Madero por más de 19 millones de pesos.
La jornada inicial está destinada íntegramente a la lectura del requerimiento de elevación a juicio presentado por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. De no mediar un acuerdo entre las partes para leer únicamente un resumen, este trámite preliminar podría extenderse durante varias audiencias.
El debate se desarrollará a un ritmo de tres audiencias semanales y será transmitido a través de YouTube. Está previsto que los acusados participen de manera virtual durante esta etapa de lectura, aunque deberán comparecer presencialmente en las sucesivas fases de declaraciones indagatorias.
