El Gobierno nacional enfrenta un nuevo frente de conflicto legislativo, pero esta vez con una particularidad: la tensión incluye a sus propios legisladores. En medio de las negociaciones por la ley de Discapacidad, el presidente Javier Milei deslizó la firme posibilidad de aplicar un veto si el Congreso aprueba el dictamen que impulsan los diputados de La Libertad Avanza junto a sus aliados del PRO y la UCR. El cortocircuito radica en que el proyecto mantiene mecanismos de actualización de prestaciones que el Poder Ejecutivo pretendía modificar o eliminar en el diseño del Presupuesto 2027.
La raíz de esta marcada diferencia interna es puramente económica. Mientras que el Ministerio de Economía planificó asignar 7,25 billones de pesos para el área de discapacidad durante el próximo año, los especialistas advierten que la aplicación plena de la nueva normativa implicaría un impacto fiscal adicional estimado en 600.000 millones de pesos. Frente a estos números, desde la Casa Rosada fueron tajantes al advertir que no convalidarán ninguna ley que comprometa el innegociable equilibrio fiscal, dejando en manos del Congreso el futuro de una iniciativa que llegaría al recinto este mismo miércoles.
La eventual decisión de frenar esta ley asoma como una jugada de altísimo costo político frente a la sociedad. Según un reciente estudio de AtlasIntel y Bloomberg, el 71% de los argentinos considera un "error" que se reduzca el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad, ubicándolo entre las medidas con mayor índice de rechazo. Esta fuerte presión pública se suma a la postura de la oposición, que también exige garantizar la actualización por inflación de asignaciones clave como la AUH, anticipando un debate de máxima intensidad en la Cámara de Diputados.
