La Justicia salteña dictó tres meses de prisión preventiva contra un individuo de 29 años, acusado de montar un elaborado esquema de extorsión digital y hostigamiento contra una mujer de 22. La medida cautelar fue ordenada por la jueza de Garantías Norma Beatriz Vera a solicitud de la fiscal especializada en ciberdelitos, Sofía Cornejo, quien le atribuyó formalmente los delitos de amenazas simples, coacción y extorsión en concurso real. La resolución judicial ponderó no solo la gravedad intrínseca del hecho y la severa expectativa punitiva que enfrenta el imputado, sino también el inminente riesgo para la integridad de la denunciante y la imperiosa necesidad de resguardar evidencia técnica pendiente de peritaje en los dispositivos secuestrados.
El calvario de la damnificada comenzó meses atrás en un contexto de vulnerabilidad laboral, cuando recibió supuestas ofertas de trabajo a través de identidades ficticias en redes sociales para desempeñarse como camarera en San Lorenzo. Tras rechazar de forma tajante proposiciones de índole sexual emanadas desde esas cuentas, los agresores virtuales la intimidaron con crear perfiles fraudulentos para divulgar sus datos personales y atribuirle ofertas sexuales ilegítimas. Fue en esa instancia crítica cuando el ahora procesado se aproximó a la víctima bajo la fachada de un protector capaz de frenar el asedio informático, ganándose su confianza para luego desplegar un estricto control coercitivo sobre su correspondencia digital y sus movimientos cotidianos.
Lejos de cesar, la maniobra se tornó aún más asfixiante cuando la joven procuró romper el vínculo y el acusado develó su verdadera naturaleza mediante chantajes explícitos para no filtrar fotografías privadas. La espiral extorsiva escaló al plano económico en septiembre con un pago forzado de $150.000, pero alcanzó su punto cúlmine a mediados de octubre cuando el implicado le impuso la entrega de $4.000.000 para poner fin a la persecución sistemática. Acorralada por las crecientes exigencias financieras, la víctima radicó la denuncia penal que permitió rastrear las conexiones informáticas y desarticular la fachada del atacante.
