La Sala I del Tribunal de Juicio de Orán dará inicio este lunes al debate oral contra Juan Marcelo Córdoba, imputado por el intento de homicidio calificado de Mariana Oliver, destacada referente feminista de la región norteña. El proceso judicial, presidido por el magistrado Mariano Facundo Gerónimo y proyectado para extenderse hasta el 17 de noviembre, concentrará la atención jurídica y social en torno a una acusación encuadrada por diversas organizaciones como un crimen de odio por motivos de orientación sexual e identidad de género. De forma paralela a las audiencias fijadas en el distrito oranense, colectivos de la diversidad y organizaciones de derechos humanos convocaron a una manifestación frente a los estrados de Ciudad Judicial en la capital provincial para visibilizar el reclamo y brindar respaldo a la víctima.
Los hechos que sustentan la acusación tuvieron lugar el pasado 11 de febrero, cuando el imputado irrumpió violentamente en la residencia particular de Oliver en circunstancias en que se encontraba acompañada por su hijo adolescente. Según consta en el expediente fiscal, el agresor intentó asfixiar a la mujer y, ante la tenaz resistencia física desplegada para salvar su vida, le asestó siete puñaladas antes de huir de la escena ante los gritos de auxilio. La posterior individualización y aprehensión del sospechoso fue posible gracias al relevamiento de registros fílmicos de cámaras de seguridad del área, lo que permitió cerrar el cerco policial a pocas horas del ataque.
La querella y la colectiva Panambí, espacio militante del cual la damnificada forma parte activa, sostienen con firmeza que la agresión no constituyó un episodio fortuito, sino la culminación de un prolongado hostigamiento direccionado. La investigación incorporó como evidencia una serie de mensajes intimidatorios y expresiones lesbofóbicas que el procesado habría vertido durante meses a través de plataformas virtuales tanto hacia la víctima como hacia otras integrantes del colectivo. Frente a este escenario, las agrupaciones demandan que el tribunal no soslaye la matriz discriminatoria del caso y sienten un precedente frente a las sistemáticas agresiones que vulneran a las disidencias en la provincia.
