672 heridos, 114 detenidos y más de 1.000 agentes desplegados: los detalles de la represión más brutal desde 2001

La represión a la marcha de los jubilados con apoyo de hinchas de fútbol de distintos clubes que se realizó el pasado miércoles fue definida por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), por su despliegue y consecuencias, como “la más brutal y violenta que ocurriera desde los hechos represivos del año 2001”. Este viernes se multiplicaron las denuncias penales contra la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por el feroz operativo.

Según las presentaciones judiciales, el procedimiento conjunto de las fuerzas de seguridad federales y la Policía de la Ciudad, que comenzó a reprimir antes del horario formal del comienzo de la movilización:

Dejó un saldo de 672 heridos, según precisó la CPM. Entre ellos se encuentran los casos Pablo Grillo, el joven fotógrafo con impacto de una granada de gas en la cabeza que lucha por su vida; de Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que tuvo que ser atendida de urgencia por un golpe de un agente policial; y una niña de 14 años con quemaduras por los gases lacrimógenos.
 
Tuvo 114 personas detenidas que fueron liberadas varias horas después del arresto y siguen imputadas. La inmensa mayoría de esas aprehensiones –sino todas- fueron arbitrarias y estuvieron repletas de ilegalidades, según surge de los testimonios que comienzan a conocerse y que están siendo relevados por quienes investigan la violencia institucional.
 
Contó con más de mil agentes, que realizaron “miles de disparos con postas de goma”, “arrojaron centenas de granadas de gas lacrimógeno y spray de gas pimienta” y utilizaron al menos 4 camiones hidrantes con los que “rociaron de agua a cientos de personas”, de acuerdo a un relevamiento realizado por la CPM.
 
Hubo agentes que portaban armas letales. Bullrich habilitó que las fuerzas federales puedan tener portación de ese tipo de armas pero que las lleven a una protesta social implica un riesgo muy alto para los manifestantes.

A esto se suma que las cámaras de C5N registraron cómo un policía dejó caer un arma de fuego durante la manifestación para que quede en medio de la plaza. Mientras que manifestantes grabaron cómo se dejó un móvil de la Policía de la Ciudad en medio de la calle con las puertas abiertas como invitación para ser vandalizado, cual carnada. El vehículo terminó incendiado pero nadie detenido por eso. El abogado Dalbón se hizo eco de ambos sucesos en la denuncia que radicó este viernes contra Bullrich por incumplimiento de deberes y abuso de autoridad. Ambos hechos, consideró el letrado, “dejan en evidencia una clara estrategia orquestada para generar disturbios y, de esta forma, culpar a los manifestantes por los hechos violentos” con el objetivo de “desvirtuar la legítima protesta”. Horacio Pietragalla Corti, por su parte, desarrolló sobre todo el segundo episodio en la presentación que hizo en Comodoro Py como presidente de la Red Nacional de DDHH. “¿Quiénes eran los responsables del móvil 8008 de la Policía de la Ciudad? ¿Quién les dio la orden de dejar el patrullero abierto en el medio de la manifestación y retirarse? ¿Quiénes le prendieron fuego, teniendo en cuenta que ninguna de las más de 150 detenciones policiales fue por haber incendiado un móvil policial? Son todas preguntas que la investigación penal que se insta deberá responder”, señaló el exsecretario de DD.HH.

El gobierno justificó su accionar represivo diciendo que había un golpe de Estado de ciernes y también este viernes presentó una denuncia penal en Comodoro Py por sedición y atentado al orden constitucional y la vida democrática para intentar que todo lo sucedido se investigue en los tribunales donde tiene mayor injerencia. Es un intento por sacarle la causa que se abrió por las detenciones a la jueza porteña Karina Andrade, que en una resolución contundente expuso la orfandad probatoria con la que actuaron las fuerzas policiales. La denuncia la realizó el abogado Fernando Soto, quien trabaja con Bullrich en el ministerio de Seguridad mientras ejerce como abogado de policías acusados de gatillo fácil como el exagente Luis Chocobar.