El retardo de dos meses para conocer los fundamentos de la sentencia que condenó a los hermanos por el narcocrimen de Darío Monges, motivó un planteo de nulidad del debate, pero fue considerado inadmisible por el Tribunal Oral Federal N° 1. Se descarta que la Defensa pública apelará el fallo ante Casación Penal.
JUDICIALES04 de febrero de 2025 Melina Sola
Habrán pasado más de dos meses desde la condena a prisión perpetua de los hermanos Bejarano, cuando los jueces Liliana Snopek, Federizo Diez y Mario Juárez Almaraz den a conocer los fundamentos por los cuales los consideraron responsables del crimen de Darío Monges, acribillado en zona sudeste de la ciudad de Salta en 2022. El Tribunal fijó fecha recién para el 21 de febrero de este año y la sentencia fue el 19 de diciembre, día en que leyeron un "adelanto" de los fundamentos. El retardo motivó un planteo de nulidad del juicio por parte de la defensa pública de David y Santiago, pero el Tribunal lo consideró "inadmisible".
Es seguro que los cabos sueltos que dejó el juicio del asesor político recaerán en el Tribunal de Casación, una vez que se conozcan los fundamentos del fallo, para que revise los hechos y las pruebas contra los hermanos, que podrían pasar 35 años tras las rejas. Ambos fueron considerados autores materiales del homicidio con tintes mafiosos pero la fiscalía no encontró el móvil del crimen y tampoco investigó suficientemente los vínculos de la víctima con el exsecretario de Seguridad, Benjamín Cruz, quien lo había mandado a negociar con sicarios meses antes del homicidio.
Sobre el planteo de nulidad, la defensora Clarisa Galán aludió al código que rige en Salta y dijo que "los fundamentos del juicio de responsabilidad deben ser dados de inmediato luego de la deliberación, no dice el legislador un adelanto ni un poquito o la mitad. Dice que deberán “relatarse”, no leerse, y luego se les da un plazo excepcional de 10 días para la redacción formal".
"El artículo 303 obliga al relato inmediato y el 306 habla de la redacción de aquellos fundamentos. Es la única manera de que los jueces tomen las decisiones basadas en su propio conocimiento y no en la delegación a empleados", aseguró.
"Cuando se fijó la fecha del 21 de febrero para dar a conocer los fundamentos de la sentencia, nada se dijo sobre las razones que llevaban al tribunal a aceptar e imponer esa fecha más de dos meses después de dictado el veredicto", señaló Galán sobre la primera arbitrariedad.
"Luego, se hizo una presentación solicitando que se modifique la fecha y se cumpla con los plazos.
Esa presentación fue rechazada in limine, y al tribunal tampoco le pareció que debían darse las explicaciones sobre por qué se privaba a mis asistidos de tener una sentencia completa en tiempo y forma", continuó.
"Se solicitó la nulidad del debate, fijándose audiencia recién para un mes después, pese a que mis asistidos están detenidos hace más de dos años, y que los plazos para la fijación de audiencias, como regla deben contarse como días corridos en caso de personas detenidas. Hoy me encuentro solicitando la nulidad del debate, pero en realidad sin poder conocer cuáles son los motivos que llevaron a los jueces a incumplir los plazos de este Código", aseguró la abogada defensora.
Son dos las personas detenidas por un hecho ocurrido el pasado sábado en la zona norte de la ciudad de Salta, cuando un hombre fue lesionado con un arma blanca y falleció luego en el hospital San Bernardo.
Dos ciudadanas de Tartagal habían encontrado una llamativa forma de generar ingresos, falsificando certificados médicos. Una era empleada del Hospital Juan Domingo Perón y le encontraron en su domicilio no sólo el sello del médico al que le falsificaban la firma sino también recetarios, entre otros elementos de uso hospitalario. Las dos una condena de un año y seis meses de prisión condicional, es decir, nada, un llamado de atención. Así estamos.
Leonardo Cositorto se considera inocente y así lo sostuvo en sus últimas palabras antes de ser condenado en Salta a 11 años de prisión por 118 casos de estafa y por ser el líder de una asociación ilícita conformada por cuatro personas que dirigían las oficinas de Generación Zoe en la capital de la provincia. Los jueces de la Sala I del Tribunal de Juicio ordenaron que continúe alojado en la cárcel local.
En su alegato fiscal Ana Ines Salinas Odorisio consideró que Cositorto era el jefe de una asociación ilícita y dio por probadas las 118 estafas. En tanto que sostuvo las mismas acusaciones aunque pidió penas más bajas para los responsables de las oficinas de Generación Zoe en Salta.
Se acerca el final del juicio por 118 presuntas estafas denunciadas en Salta. Te presentamos un adelanto de lo que Leonardo Cositorto habó en una entrevista telefónica desde la Alcaidía. La versión completa pedila en PDF al wp 3874147505
La audiencia en la Sala I del Tribunal de Juicio iniciará con la declaración del líder de Generación Zoe. El lunes otro de los acusados por estafas reiteradas pidió un careo con una testigo que declaró haber perdido 20 mil dólares.
Los efectivos designados para cubrir la parte que le corresponde a la Policía Federal Argentina en el Plan Güeme, no la están pasando bien en San Ramón de la Nueva Orán, en donde permanecen para cumplir con la tarea encomendada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El fatal accidente de un efectivo desnudó las irregularidades en la prestación de la obra social Superintendencia Bienestar, pese a que a los efectivos se les descuentan los aportes mensualmente. Luego de siete meses de reclamo, ahora los 30 efectivos que cumplen servicio en la ruta a Aguas Blancas, los hospedaron en el predio del Sindicato de Comercio. Por siete días de comisión, cada efectivo debe cobrar 490 mil pesos, pero como les descuentan 390 por hospedaje y comida, sólo reciben cien mil pesos. ¿No es que del hospedaje se harían cargo la Provincia y el municipio? Raro.
El presidente de Unidad Popular cuestionó duramente a los políticos provinciales y afirmó que busca conformar un frente alternativo para las elecciones nacionales de octubre.
La falta de cobertura de las prestaciones de salud es padecida por las familias de la Policía Federal, la Gendarmería y las Fuerzas Armadas, cuyos agentes activos combaten al narcotráfico en la frontera norte de Salta. Cuando necesitan una asistencia urgente y no pueden pagarla, deben recurrir al Poder Judicial.
Querida comunidad psicopedagógica: Me dirijo a ustedes, no solo como presidente electa del Colegio Profesional de Psicopedagogía de Salta, sino como una colega comprometida con la ética y la responsabilidad que han guiado cada paso de mi trayectoria profesional. Es con el más profundo respeto por nuestra institución y por cada uno de ustedes, que hoy les escribo.
Referentes de distintos sectores políticos, sociales, culturales y ciudadanos emitieron un documento que convoca a la conformación urgente de un Frente de Unidad en defensa Salta y el Federalismo. La iniciativa busca reunir a fuerzas vivas de la provincia ante lo que consideran un contexto crítico para el federalismo y los derechos sociales en Argentina, luego de las distintas políticas que está llevando adelante el presidente Javier Milei.