El asesinado, el Oreja Martínez, estaba acusado de tentativa de femicidio y coacción agravada contra de la misma víctima y también por tráfico de estupefacientes. Las tres causas estaban a cargo del por entonces juez de garantías de Orán, Claudio Parisi, quien le había otorgado prisión domiciliaria a pesar del peligro que representaba, se supone que mediante dádivas.
La semana pasada, en juicio abreviado, el exintendente de Aguas Blancas, Carlos “Conejo” Martínez, reconoció haber pagado al juez para acceder a información reservada del crimen sicario, por el cuál hay un solo detenido. Los otros condenados por las maniobras con el juez son el abogado Roberto Ortega Serrano y el empleado de la Defensoría de Violencia de Género, Héctor Manuel Alderete.
La causa por el delito contra la administración de justicia continúa abierta ya que Parisi y Correa decidieron enfrentar el juicio oral y público. Entre otras acusaciones, ambos deberán explicar por qué permitieron a Ortega Serrano acceder al expediente judicial sobre el homicidio y también cómo se enteró el entonces intendente que la Fiscalía pretendía allanar sus domicilios. Este accionar probablemente le asestó una herida mortal a la investigación de la causa.
El sicariato
En el juicio que destituyó a Parisi como Juez de Garantías de Orán, el procurador Pedro García Castiella detalló cómo ocurrió el sicariato del Oreja:
“Dos motocicletas, dos ocupantes en cada una de ellas. Cierran una calle a plena luz del día un apacible domingo y descargan 17 disparos de una 9 milímetros, 11 de los cuales impactan en la persona (…) Estaba bajo control de un juez cumpliendo prisión domiciliaria, una concesión muy poco clara. Si hubiera estado en una unidad carcelaria no hubiera pasado esto”.
La investigación
La Unidad Fiscal integrada por Daniela Murúa, Mariana Torres, Daniel Espilocín y Carlos Salinas investigaron los delitos contra la administración de justicia. En entrevista periodística, Espilocín dijo que la primera causa en la que se imputó al juez Parisi se originó en un procedimiento contra personal de drogas peligrosas de Orán: “Se llegó a constatar a través de denuncias anónimas y de un procedimiento realizado con la intervención de Policía Federal que estos policías daban información a los vendedores de drogas para evitar ser allanados o esconder cosas antes de ser allanados”.
En el procedimiento secuestraron el celular de una sargento que integraba el grupo y encontraron mensajes de voz en los que señalaba que el juez Parisi concedía beneficios procesales a cambio de dádivas, una descripción que coincidía con lo actuado en los expedientes.
Posteriormente, en diciembre de 2022, ocurrió el violento asalto a la frutihortícola Abra del Sol. Uno de los imputados, José Dimas Ruiz -gerente de la empresa y excandidato a intendente de Orán- fue preso en forma preventiva, pero a los cinco días le otorgaron la prisión domiciliaria, lo que llamó mucho la atención. La abogada Sandra Dómene denunció que ese beneficio procesal había sido otorgado mediante el pago de una dádiva para lo cual intervinieron el abogado Ortega Serrano y el secretario del juzgado de Garantías de Orán, Maximiliano Correa. “Esta causa aún se encuentra en trámite y todavía no fueron juzgados ninguno de los imputados porque está pendiente un recurso de apelación”, aclaró Espilocín.
“Continuando con una seguidilla de hechos violentos en Orán, es asesinado el hermano del intendente de Aguas Blancas, el señor César “Oreja” Martínez, quien cumplía una prisión domiciliaria otorgada por Parisi. Luego del crimen, ingresó una denuncia anónima y una declaración de un testigo de identidad reservada que manifestó que este beneficio había sido otorgado también a través del pago de una suma de dinero con intervención del secretario del juzgado y del abogado”.
Las condenas
Ortega Serrano fue condenado a dos años y seis meses de prisión de cumplimiento condicional y quedara sujeto al control de cumplimiento de reglas de conducta.
Carlos Alfredo Martínez fue condenado a un año y dos meses de prisión de cumplimiento efectivo, y a 4 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, el máximo previsto para esa especie de pena para los delitos por los que fue acusados.
Héctor Manuel Alderete fue condenado a 2 años y 8 meses de prisión condicional y a la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Los tres llegaron al juicio abreviado detenidos preventivamente ante los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación.
Tras las condenas, resta juzgar a los imputados Claudio Alejandro Parisi, destituido de su cargo de Juez de Garantías y actualmente detenido, y al secretario letrado quien se encuentra con prisión domiciliaria.
