En primera instancia, los jueces consideraron que Francisco “Chicho” Russo, su expareja Nancy Gómez y otras dos personas explotaban a mujeres en prostíbulos de la ciudad; sin embargo, la nueva defensa técnica de ella apeló la sentencia con resultado positivo, argumentando que fue y siguió siendo víctima del dueño del negocio del sexo, el conocido barra brava antoniano.
Los abogados que defendieron antes a Nancy no consideraron relevante mostrar las condenas que Russo acumuló por delitos contra ella ni las circunstancias que la condicionaron a cumplir sus órdenes en “Terra Nostra”, un prostíbulo que funcionaba hasta 2013 en Córdoba al 500, en la capital salteña.
“Una vez cobré algo mal y me dio una piña que me desmayó… las chicas lo vieron pero creo que no decían nada porque a mí me tenían pena y a él, miedo”, reveló en una larga entrevista que se incluyó en el recurso de apelación que presentó la defensora pública Daniela Villalón ante el tribunal de revisión.
Chicho, amigo de políticos
Chicho Russo era dueño de Terra Nostra, el local donde acudían notables salteños en busca de sexo pago, lo que le permitió sostener estrechos vínculos con distintas personas influyentes, especialmente políticos locales.
En juicio abreviado, recibió una condena de cinco años y medio de prisión con modalidad domiciliaria lo que -a falta de controles- le permite hacer una vida normal.
En 2013, los allanamientos su prostíbulo y en otros locales de la ciudad fueron noticia nacional, especialmente porque en uno de los “privados” descansaba el intendente de Pocitos, Carlos Villalba, quien fue enjuiciado, pero finalmente quedó sobreseído porque se entendió que no tenía nada que ver con el negocio, sino que era un “cliente”.
El fallo de casación
La sentencia que absolvió a Nancy también ratificó las condenas a otros dos implicados en la causa de los prostíbulos: Mercedes Baigorria y Roberto Quintián Ramírez, los dueños de Quijote, un local que supo estar en la avenida Tavella.
En cambio, en el caso de Nancy se puso de relieve que era subalterna de Russo, además de su novia en ese momento, y que él ejercía control y violencia extrema sobre ella, a pesar de lo cual en la justicia provincial lo condenaron a la mínima pena de 3 años de prisión, de ejecución condicional.
En fallo federal, se menciona que Russo “es una figura públicamente conocida en la Provincia de Salta en función de su pasado como jefe de la barra brava del club Juventud Antoniana” y que “es conocido por sus contactos con personajes de la política local, no siendo un dato menor que posee vínculos familiares con el actual gobernador de la provincia”.
En contacto con este medio, la defensora pública Daniela Villalón remarcó que, a lo largo de los 12 años que se extendió el proceso judicial por trata de personas, Nancy tuvo los mismos defensores que los otros imputados, lo que significó que no hicieran hincapié en su situación personal.
En ese sentido recordó que ella había comenzado a trabajar en Terra Nostra poco tiempo antes de los allanamientos. Había enviudado hacía algunos meses y tenía un hijo que mantener. “Su marido tenía una deuda con Russo por eso ella empezó a tener contacto con él. Después surgió una relación de pareja, ella estaba sin trabajo y él le había ofrecido trabajar como cajera en el bar. No mucho tiempo después fue el allanamiento”.
Una de las particularidades que destacó la defensora en la presentación ante el Tribunal es que las asistentes sociales que intervinieron en el momento del allanamiento y entrevistaron a las chicas que se prostituían no hicieron lo propio con Nancy porque la consideraron administradora del local, es decir, una proxeneta más.
“Algunas de las chicas decían que era la novia de Russo, que era la cajera, que era la que anotaba en un cuaderno. Pero a nosotros nos resultó muy particular que las asistentes sociales del programa de rescate hicieran referencia a que, por ejemplo, cuando estaban entrevistando a una de las chicas Russo la miró y dejó de hablar, se comportaban temerosa”.
“Durante todos los años posteriores, hubo golpes, abuso, situaciones violentas con la familia, amenazas al papá, amenazas al hermano. Creo que deberían haber dudado de la autodeterminación de ella para tener una intervención activa en la facilitación de prostitución o en el aprovechamiento de la prostitución ajena. Son circunstancias que pasaron desapercibidas a lo largo de todo el proceso. Nosotros planteamos la nulidad y pedimos que sea absuelta porque fue una víctima más. Planteamos que Nancy estuvo indefensa durante todo el procedimiento, porque no hubo ningún defensor que diga que era una persona vulnerable y que atravesó estas situaciones de violencia”.
