La Secretaría de Asuntos Indígenas y los vocales del IPPIS analizaron la situación territorial de los pueblos originarios de Salta y las consecuencias de la derogación de la Ley Nacional N° 26.160 de emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras.
SALTA15 de enero de 2025
Redacción El Expreso de Salta
Mediante el trabajo en conjunto con los representantes de las comunidades originarias de la provincia que ejercen su mandato en el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS), el Gobierno de Salta proyecta la elaboración de acciones y estrategias que permitan la defensa del territorio de comunidades originarias que puedan ser pasibles de acciones de desalojos tras la derogación de la Ley Nacional N°26.160, por parte del Gobierno Nacional.
Esta normativa, que declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas fue sancionada en 2006, con los objetivos de suspender las acciones judiciales, administrativas o procesales que busquen desalojar a las comunidades indígenas; realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas. La ley fue prorrogada en 2009, 2013 y 2017 mediante diferentes leyes, y en el 2021 por el Decreto N° 805/21, tras lo cual fue derogada el 10 de diciembre de 2024.
Al respecto, el secretario de Asuntos Indígenas Luis Gómez Almarás, indicó que es necesario abordar esta situación desde un punto de vista institucional, en pos del bienestar de las comunidades y destacó la necesidad de trabajar en conjunto con el IPPIS; en tanto este es un organismo autárquico que representa a las Comunidades Indígenas de la provincia.
El funcionario sostuvo que "si bien el gobierno Nacional derogó la Ley N° 26.160, implicando ello un retroceso en la protección de los derechos de las comunidades indígenas, también es cierto que tenemos otras herramientas jurídicas para garantizar el derecho a la posesión y propiedad comunitaria, como son la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, tratados internacionales reconocidos, normas procesales e incluso la propia Ley Provincial del IPPIS N° 7.121; que permiten actuar en circunstancias de eventuales amenazas al territorio". En este sentido, destacó que, para reforzar el trabajo, se prevé realizar acciones ante cada caso a través del equipo jurídico de la Subsecretaría de Regularización Territorial, para poder encarar una labor conjunta.
Por su parte el subsecretario de esta área, Ariel Sánchez, señaló que las acciones de la Secretaría deben complementarse con las políticas del Instituto, y que, en este caso, la mejor manera es trabajar en conjunto para generar herramientas y mecanismos que permitan evacuar consultas, buscar soluciones y desarrollar acciones coordinadas junto a organismos con competencia; como el IPPIS. De esta manera, se prevé poder sistematizar con el Instituto información de casos, consultas, conflictos y otras situaciones que los vocales detecten a partir de sus abordajes territoriales y así poder evaluar la estrategia que mejor se ajuste a cada caso, pueblo y región. En este sentido, se analizaron las prerrogativas establecidas en la Constitución Nacional, Constitución Provincial, Convenios Internacionales, leyes nacionales, provinciales y los derechos territoriales derivados del marco normativo vigente.
El funcionario sostuvo también que en el caso de las comunidades que fueron relevadas y cuentan con la carpeta técnica que establecía la derogada Ley, tienen en su poder una herramienta valiosa para la defensa del territorio, dado que la misma da cuenta de la ocupación territorial que la comunidad ejerce y debe ser tenida en cuenta por los juzgados ante un eventual conflicto, a su vez dicha carpeta contiene la estrategia jurídica recomendada para cada comunidad.
Durante el encuentro los vocales repasaron distintas situaciones ocurridas en comunidades de sus pueblos, tanto en distintos municipios de los departamentos San Martín, Orán y Anta, como en la región geográfica del Valle Calchaquí.
Por su parte, el presidente del IPPIS, Cándido Condori -vocal Diaguita Calchaquí-; indicó que la situación afectó los ánimos de los pueblos y generó preocupación, a la vez que sostuvo que "cuando uno pierde el ánimo, yo creo que pierde todo: el ánimo de poseer, el ánimo de estar en el lugar, de cultivar, de sembrar, de seguir sosteniendo nuestras culturas, nuestra identidad; son suficientes para seguir en este proceso reivindicativo de pueblos indígenas".
En tanto que el Vocal del pueblo wichí, José Rodríguez, señaló que "buscamos llevar tranquilidad a nuestras comunidades, porque se encuentran preocupados por la eliminación de la Ley N° 26.160". Al ser consultado respecto a la derogación, señaló que "repudiamos este acto, estamos en contra de la eliminación de la Ley. Nos queda seguir luchando y buscando otra alternativa".
Desde la Secretaría indicaron que la Provincia cuenta con un registro de abordajes jurídicos realizados durante la vigencia de la ley 26160 por los abogados de la Secretaria, pero es necesario el trabajo en conjunto con los vocales para revisar y analizar la situación de las comunidades a fin de tener información actualizada en el tiempo.
Estuvieron presentes también durante el encuentro Enrique Arello -vocal Guaraní-; Beatriz Rivero -vocal Chané-; Eduardo Yaque -vocal Toba-; Juan José Vega -vocal Tapiete-; y Sandra Pisco -vocal Chorote-; además del equipo legal de la Secretaría.
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