En el evismo se lo veían venir. Después de casi tres años de batalla entre Evo Morales y el presidente Luis Arce por el control del Movimiento Al Socialismo (MAS) y la candidatura de las elecciones nacionales de 2025, la semana pasada una sala judicial puso fin a la disputa y marcó un parteaguas en la historia del partido más numeroso del país.
El plazo final para renovar directivas de los partidos políticos vencía en diciembre y el calendario electoral apuraba la dimisión de disputas internas, por lo que Morales tuvo que jugar todas sus fichas. En septiembre organizó una marcha de siete días a La Paz y en octubre un masivo bloqueo de caminos que se prolongó durante 24 días y que cerró con una huelga de hambre de casi una semana.
Tras no lograr la atención de ninguna de sus demandas ni forzar la renuncia del presidente -que era el pedido abierto de algunos dirigentes sociales- el líder cocalero ordenó a sus bases el repliegue. En su entorno se empezó a hablar de que el plan del arcismo era “robarles” la sigla.
A través de dos sentencias constitucionales, los jueces Gonzalo Hurtado y René Espada, anularon las posibilidades electorales de Morales: le negaron la posibilidad de volver a ser candidato y validaron la elección de un aliado de suyo como jefe del partido. Ambas determinaciones generaron controversia, no solo por sus implicaciones dentro del MAS y el resto del escenario político, sino también por la cuestionada legitimidad de los magistrados que las firman. Hurtado y Espada son dos de los jueces cuyo mandato venció en enero y que se “autoprorrogaron” hasta la elección de sus sucesores, un proceso que han boicoteado sistemáticamente a través de recursos judiciales con venia del Gobierno.
El líder cocalero ha presentado un memorial ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) exigiendo que no acate la sentencia constitucional que calificó de “ilegal” e “inconstitucional” bajo el argumento de que los magistrados que la ordenan no están dentro de su mandato.
La misma corte prohibió la semana pasada la posibilidad de más de dos reelecciones presidenciales, una decisión que cierra las aspiraciones de volver al poder de Evo Morales, que ya ha gobernado Bolivia en tres ocasiones.
A su vez Evo Morales dijo en las redes sociales que "el Gobierno ya no necesita a los otros poderes del Estado. Le es suficiente la sala constitucional (...) para eliminar adversarios, poner autoridades, apropiarse de estructuras políticas, suspender procesos electorales".
