El oficialismo busca los votos necesarios para sostener el veto de Javier Milei, mientras que la oposición intenta revertir la medida. El gobierno jugó un aumento unilateral que le sirvió para contener al PRO y remontar los números al punto de lograr una leve ventaja.
NACIONALES09 de octubre de 2024 El Expreso de SaltaHoy la Cámara de Diputados está debatiendo el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, que había sido aprobada previamente en ambas cámaras. La ley busca garantizar fondos para el sistema universitario nacional, pero fue vetada por el presidente Javier Milei, quien argumentó que implica un incremento en el gasto público sin especificar de dónde provendrán los recursos. El Congreso deberá decidir si confirma o revoca el veto.
El oficialismo necesita un tercio de los votos para sostener el veto. En una Cámara con 257 legisladores, se requieren 86 votos si todos están presentes. Ante la posibilidad de que haya ausencias, el oficialismo confía en obtener los votos suficientes. Algunos legisladores de la oposición, que habían manifestado su intención de rechazar el veto, no asistirán por motivos de salud o compromisos personales.
El partido La Libertad Avanza cuenta con 39 legisladores que respaldarán el veto. Además, se espera el apoyo de parte de los diputados del PRO, aunque algunos integrantes de este bloque ya han adelantado su voto en contra. Estas diferencias dentro del PRO podrían influir en el resultado de la votación.
La Unión Cívica Radical (UCR) podría jugar un papel clave en esta sesión. Aunque el partido está dividido en cuanto a su postura, algunos legisladores podrían acompañar al oficialismo en la votación. Los votos de este bloque son inciertos, pero podrían ser determinantes para el resultado final.
En paralelo a las negociaciones dentro del Congreso, 12 universidades nacionales han sido tomadas por estudiantes que manifiestan su rechazo al veto y su preocupación por el impacto que tendría en el financiamiento de la educación pública. Entre las instituciones que participan de la protesta se encuentran la facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, varias facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y otras universidades de distintas regiones del país.
La Ley de Financiamiento Universitario implicaría, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, un gasto fiscal de 738.595 millones de pesos, equivalente al 0,14% del Producto Bruto Interno (PBI). El Poder Ejecutivo ha señalado que el impacto sería mayor, calculando un costo de 811.569 millones de pesos.
El veto fue publicado en el Boletín Oficial días después de una movilización masiva en defensa de la educación pública, en la que estudiantes y docentes exigieron mayores fondos para las universidades. El Congreso ahora debe decidir si mantiene el veto o si lo revoca, lo que reabriría el debate sobre la asignación de recursos para las universidades nacionales.
El rol de algunos gobernadores podría ser también relevante en la votación. Se espera que algunos legisladores alineados con los mandatarios provinciales apoyen la postura del oficialismo. Entre estos se encuentran los diputados que responden a los gobernadores de Tucumán, San Juan y Misiones, aunque no se ha confirmado cómo votarán.
En caso de que el Congreso revierta el veto presidencial, el Gobierno manifestó que podría acudir a la Justicia. La administración argumenta que la ley podría estar en conflicto con la Ley de Administración Financiera, que regula cómo deben asignarse los recursos del Estado.
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Cerca de las 4 de la madrugada de hoy jueves, la Cámara de Diputados de la Nación tomó juramento a tres nuevos integrantes de la Auditoría General de la Nación: Pamela Calletti, por el no peronismo; Mónica Almada, por La Libertad Avanza; Juan Forlón, por el kirchnerismo. El acto de juramento sorprendió a más de uno porque no hubo información oficial al respecto. La designación de Calletti es parte del acuerdo entre Gustavo Sáenz y el presidente Milei.
En la madrugada del jueves, la oposición impulsada por el peronismo, la izquierda y los radicales frustró la intención del gobierno nacional de eliminar la obligación del financiamiento de las universidades públicas y también para la emergencia en Discapacidad del Presupuesto 2026. La votación resultó 123 contra 117 de libertario y otros apoyos provinciales. En las negociaciones, también quedó en nada (por ahora) la designación de Pamela Calletti en la agn.
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