El titular de la Defensoría del Pueblo indicó que “a partir de la cantidad de reclamos que hicimos desde distintos organismos, el Gobierno nacional prorrogó los futuros aumentos” dijo, y detalló que las subas que se iban a pagar en julio y agosto, quedaron congeladas.
DE BUENA FUENTE 05 de junio de 2024
El Defensor del Pueblo de la Ciudad de Salta, Federico Núñez Burgos, afirmó en De Buena Fuente que las defensorías se expresaron “en contra” de la actualización del precio del gas, que está representando una suba sostenida en la tarifa domiciliaria, en la última audiencia pública del ENARGAS.
El defensor aseveró que “hoy la pobreza alcanza a la mitad de los argentinos y por eso le “hemos pedido al presidente Javier Milei que se posterguen los aumentos de servicios por lo menos por 90 días”, dada la situación económica. De hecho, reveló que “a nivel provincial alrededor del 80% de los titulares de medidores” perciben ingresos menores a 2 salarios mínimos.
En ese sentido, “a partir de la cantidad de reclamos que se hicieron e hicimos desde distintos organismos, el Gobierno de la Nación optó por prorrogar futuros aumentos; es decir, estaban previstas readecuaciones tarifarias para mayo y junio, que las íbamos a pagar en julio y agosto, pero quedaron congeladas”, dijo.
Núñez Burgos aclaró que “no es que se retrotrae sino que están congeladas, están suspendidas”.
Y dijo que “los consumos de abril y mayo deben pagarse como están”, asentados en facturas que llegaron a los salteños con esos incrementos.
Por otra parte, informó que “el ENARGAS lo que autorizó hace unos meses fue una adecuación tarifaria que tiene que ver con la quita de subsidios. Ahora se quitan esos subsidios y esto impactará directamente en el precio”.
Núñez Burgos recordó que los aumentos alcanzaron hasta el 400% y 500%, y sin bien en algunos grupos familiares fue menor, esto no ocultó la magnitud de las subas en los bolsillos de los salteños.
Karina Miranda visitó el programa De Buena Fuente y dijo que el Vicegobernador Antonio Marocco declaró en medios de comunicación que el proyecto de expropiación “no fue tomado con seriedad porque fue un año político”.
Núñez Burgos pidió la urgente intervención de la Inspección General de Justicia de la Nación para frenarlas. Dijo que las ejecuciones rozan lo arbitrario. Crecieron porque muchos ya no pueden afrontar el pago de cuotas subidas por la inflación.
Dijo que los diputados nacionales por Salta en campaña afirmaron que “iban a trabajar para la gente” pero no cumplieron. Afirmó que deberán pedirle disculpas a los salteños, por haber votado a favor de la Ley Bases. Y que la plata no le alcanza a los trabajadores. “Es mentira que los aumentos que me dan, superan la inflación”, dijo.
El juez de la Corte destacó que están trabajando en mejorar la administración de justicia modernizando y desburocratizando los procesos internos. Un camino serán las Oficinas Judiciales como un nuevo formato de gestión judicial, y la incorporación de la oralidad.
La secretaria general de APUNSA, Stella Mimessi, estuvo en el programa de Marcela Jesus y dijo que el trabajador de la UNSa en lo que va del año va perdiendo el 50% del poder adquisitivo con el salario.
El líder gremial de la ADP cuestionó severamente a la diputada nacional Pamela Caletti por no querer escuchar a los docentes. Dijo que lo atienden los senadores Romero, Giménez y Leavy, o el diputado Estrada pero “estos jóvenes devenidos en diputados se creen dueños de la verdad” ni contestan.
Según el abogado de la familia de la víctima, Dr. Agustín López, habría sólidos indicios de que Leiseca, un hombre con antecedentes policiales, fue el autor de la certera puñalada que terminó con la vida del joven Ignacio Alejandro Quipildor (22) padre de una nena. El hecho ocurrió el pasado 16 de juliio. Angel Francisco Leiseca fue detenido. La familia pide que se haga justicia y que el autor tenga la condena que se merece, dijo el papá de la víctima, Enrique Quipildor.
Enrique Quipildor estuvo en la Ciudad Judicial reclamando justicia para el crimen de su hijo Ignacio, y de paso contó que en su barrio se vende droga, "lo denunciamos, sin embargo las autoridades no hacen nada", denunció. Además, pidió que el asesino de su hijo pague lo que tenga que pagar en la cárcel.
Se trata del barrio Ampliación Santa Ana II, donde varias familias compraron a Conciel, banco del Noroeste y banco Caseros, que se fueron a la quiebra y ahora los quieren desalojar.
Karina Miranda visitó el programa De Buena Fuente y dijo que el Vicegobernador Antonio Marocco declaró en medios de comunicación que el proyecto de expropiación “no fue tomado con seriedad porque fue un año político”.
El gobierno vetó la Ley de Expropiación que fue aprobado en el 2023 y ahora vecinos del barrio Ampliación Santa Ana II exigen que la provincia expropie y después pagarle al IPV como decía el proyecto.