El dirigente de los taxistas recordó que Uber es ilegal en el país y en Salta. Y alertó que ante un siniestro viajando en moto con el sistema de esta aplicación, no hay un responsable solidario; es decir una empresa que responda legalmente ante un daño mayor.
DE BUENA FUENTE 13 de mayo de 2024
El secretario general de SICOTASA, el gremio de los conductores de taxis, Ernesto Alvarado, señaló que actualmente el sistema de taxis está padeciendo la “competencia desleal” de las aplicaciones de movilidad a demanda.
Alvarado aclaró en De Buena Fuente que Uber, la aplicación global de transporte personal, “está prohibida en toda la República Argentina”.
Subrayó que “es imposible controlarla porque no tiene oficinas en Argentina y trabaja con tecnología, en la nube, y eso posibilita que ingrese a los mercados de las distintas provincias”.
Alvarado remarcó que Uber “es ilegal” y que tienen “un acompañamiento de la AMT en este sentido. Se hicieron, creo, alrededor de 200 secuestros de vehículos Uber, con multas de alrededor de $600.000 al que al que este se lo encuentra practicando este sistema”.
El dirigente de los taxistas puso de relieve, con preocupación, el ingreso de la prestación Moto que puso la aplicación en Salta. “El moto Uber es muy peligroso” consideró, para agregar que quien usa este servicio de traslado en moto como pasajero no está exento de protagonizar un siniestro y ser una víctima.
En ese sentido, criticó a quienes usan el servicio: “el día que tenga un accidente y no tenga el seguro correspondiente y tenga que ir al hospital San Bernardo por todas las secuelas que le deje ese accidente, ahí me gustaría ver si lo puede decir gratuitamente como lo dicen”.
Ante un siniestro usando un Uber, dijo, “ahí no hay responsable, no hay responsabilidad, no hay solidaridad porque uno puede ejercer alguna actividad legal contra el dueño de esa moto, pero no hay nadie solidario para responder el daño mayor que pueda ocasionar este este sistema de transporte. Creo que no es un sistema para los salteños. Nosotros tenemos que aspirar a mejorar las unidades, a brindar un mejor servicio, a tratar de desalentar el uso del vehículo particular, y mejorar el transporte con trenes, colectivos, taxis y remises”.
Alvarado dijo que en muchos países estas app ingresan al mercado con precios económicos, funden el sistema autorizado y controlado por el Estado, y una vez que ese sistema ya no existe y tienen el monopolio, exigen la tarifa que quieren. Y puso de ejemplo que en Buenos Aires, la app llega a cobrar tarifas de 20.000 a 30.000 pesos por la demanda alta, a la salida de espectáculos.
Sin embargo, el representante de los taxistas, destacó que en Salta los favorece el turismo. “La demanda que no usa el mercado interno, la toma el turismo. Se hizo una buena política turística y tenemos muchos vuelos, tenemos turismo religioso y eso suple muchas veces la demanda que tenemos del mercado local”, señaló.
Alvarado sostuvo que su sector no está exento, como cualquier otra actividad comercial, de la coyuntura económica y de “subsistir” e “ir modificando la tarifa para seguir teniendo cierta rentabilidad, porque también no nos tenemos que olvidar que atrás de cada taxi hay compañeros con una familia”.
El titular de la Defensoría del Pueblo indicó que “a partir de la cantidad de reclamos que hicimos desde distintos organismos, el Gobierno nacional prorrogó los futuros aumentos” dijo, y detalló que las subas que se iban a pagar en julio y agosto, quedaron congeladas.
La dirigente universitaria recordó que los alumnos de la UNSa no tienen pases ilimitados, sino 100 viajes por mes y que muchos deben pagar de su bolsillo porque usan un 40 a 50% más de viajes, para ir a cursar y para las prácticas que hacen, por ejemplo, en los hospitales.
El director de la Agencia de la Juventud provincial dijo que la pandemia trastocó a la sociedad, y a los adolescentes en particular con la “gran invasión del celular”. Y reconoció que los chicos “son una víctima” de la proliferación masiva de mensajes que estimulan a las apuestas online como acceso a una ideal de vida artificial.
El ex diputado admitió que el peronismo debe pedir disculpas por sus fracasos, y celebró que empiece a dar debate de cara a la sociedad. Valoró la figura de Axel Kicillof, a quien consideró como una figura de peso para enfrentar a Milei. Y sobre el gobernador Sáenz dijo que “no lo vi que hable del peronismo” al igual que los gobernadores del norte.
El intendente de Orán detalló que recibió el municipio económicamente colapsado, con una deuda de $1.000 millones, embargos, deudas con bancos y proveedores, y “ñoquis” que cesanteó para reducir el gasto en sueldos.
El secretario de Ambiente municipal dijo que desde el CCM están buscando financiamiento externo para afrontar la gestión. Y destacó que ante la escasez de recursos “no nos detenemos, todo lo contrario”.
Según el abogado de la familia de la víctima, Dr. Agustín López, habría sólidos indicios de que Leiseca, un hombre con antecedentes policiales, fue el autor de la certera puñalada que terminó con la vida del joven Ignacio Alejandro Quipildor (22) padre de una nena. El hecho ocurrió el pasado 16 de juliio. Angel Francisco Leiseca fue detenido. La familia pide que se haga justicia y que el autor tenga la condena que se merece, dijo el papá de la víctima, Enrique Quipildor.
Enrique Quipildor estuvo en la Ciudad Judicial reclamando justicia para el crimen de su hijo Ignacio, y de paso contó que en su barrio se vende droga, "lo denunciamos, sin embargo las autoridades no hacen nada", denunció. Además, pidió que el asesino de su hijo pague lo que tenga que pagar en la cárcel.
Se trata del barrio Ampliación Santa Ana II, donde varias familias compraron a Conciel, banco del Noroeste y banco Caseros, que se fueron a la quiebra y ahora los quieren desalojar.
Karina Miranda visitó el programa De Buena Fuente y dijo que el Vicegobernador Antonio Marocco declaró en medios de comunicación que el proyecto de expropiación “no fue tomado con seriedad porque fue un año político”.
El gobierno vetó la Ley de Expropiación que fue aprobado en el 2023 y ahora vecinos del barrio Ampliación Santa Ana II exigen que la provincia expropie y después pagarle al IPV como decía el proyecto.