El presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos, Carlos "Uluncha" Saravia, afirmó que los vecinos de la localidad de Cerrillos que se oponen a la instalación de una metalúrgica en una zona rural del municipio tienen prioridad en el acceso al agua antes que Metalnor S. A. En ese sentido señaló que son cerca de 14 mil familias las que hoy tienen incertidumbre respecto al daño ambiental que se provocaría y lo concerniente a la salud de las personas que se encuentran cercanas al predio.
DE BUENA FUENTE 23 de septiembre de 2022
Redacción El Expreso de Salta
Carlos Saravia, presidente el Ente Regulador de Servicios Públicos afirmó en el programa De Buena Fuente que tienen razón los vecinos respecto a la instalación de Metalnor en Cerrillos porque hay incertidumbre y no se les aclararon los términos en los cuales se ubicará la metalúrgica en un predio rural cercano a la vivienda de muchas familias.
"Sobre todo que la balanza parece inclinada. Acá hay un emprendimiento que se desarrolló en plena pandemia, cientos de millones invertidos, pero lo cierto es que cuando uno quiere instalar una planta de metales ferrosos, que indudablemente tiene impacto ambiental alto y que repercute en la vida de los vecinos, lo mínimo que hay que hacer es legitimar las decisiones", señaló el funcionario.
Los vecinos de Cerrillos aseguran que su puesta en marcha provocará un serio daño ambiental y afectará a la salud de las personas que se encuentran cercanas al predio de la firma. "Esto no se justificada solo porque alguien diga que se van a generar puestos de trabajo, porque acá hay vidas. En los barrios Pinares, Crespones, Santa Rita I, II, III, El Parque, El Círculo, son 14 mil familias que se podrían ver afectadas por un emprendimiento que la verdad que vino solapado en las intenciones de la empresa, que no es una sino tres socios con el mismo domicilio", advirtió Saravia.
En ese sentido recordó que cuando se realizó la audiencia publica no vinculante el pasado 31 de agosto, el Ente Regulador no fue habían invitado a participar, pero al tener competencia como reglamentadores del abastecimiento poblacional del agua en toda la provincia, establecido por el Código del Agua y un decreto 7060 del 2000, así como la ley de Medio Ambiente, se presentaron en la misma con una posición tomada.
"Cuando recibimos la denuncia de los vecinos y los concejales, nos dimos con que la empresa no tiene más que un permiso para explorar un pozo, que se lo tiene que dar Recursos Hídricos pero no lo tenían, no había un estudio hidrológico para certificar de que no iba a haber problemas y el agua iba a ser suficiente para todos. Tampoco había estudio de impacto ambiental, salvo la opinión del consultor de la empresa, pero no de una autoridad pública. El vecino quiere que sean imparciales, no la propia empresa que puede decir la verdad así como no. Metalnor no tiene hecho un estudio que diga que la viruta, la arena, y todo lo que se usa en estos procesos de la planta de fundición, no vayan a afectar las napas y que no sean contaminadas", explicó.
Metalnor S. A trabajó incluso con paralizaciones de obras ordenadas por funcionarios de la municipalidad de Cerrillos, pero luego se llamó a la audiencia publica y les dijo que solo continuarán con aval publico mediante la Secretaria de Industria y La secretaría de Medio Ambiente que interviene ahora, para el dictamen.
"En el caso del Ente tenemos que garantizar el abastecimiento del agua para la población que es prioritaria y garantizar el acceso de la gente por encima de las empresas privadas", cerró.
Indicó que las aseguradoras no cubren muchas veces este tipo de daño. “Solo el estrés postraumático en el caso que el empleado sufra un accidente de trabajo o enfermedad profesional”.
El edil se mostró crítico con la creación de la figura del comunero, y en especial con incluir al hermano de una funcionario, que fue descubierto estafando al Estado Nacional cobrando un plan Potenciar cuando tenía un trabajo en la Provincia
El titular de uno de los gremios municipales criticó que “hay 600 designaciones en la Municipalidad con sueldos desde $600.000 a $1.500.000”, lejos de toda idea de austeridad y desentendida de un contexto de una economía en crisis.
La representante de Innocence Project, destacó que fue positivo que Bouvier fuese recibido por autoridades de los tres poderes. Pero lamentó que nadie se comprometió en la reapertura de la causa de Vera, absuelto por la Corte Suprema en diciembre último tras pasar 11 años en prisión
El legislador oriundo de Tartagal se anotó como candidato para conducir el radicalismo salteño. Admitió que “está enojado como todos los radicales” con Nanni. Y dijo que el cafayateño “no la vio”, por la cantidad de cargos y candidaturas que acaparó sin abrir el juego político
El letrado especialista en derecho laboral remarcó que además el Gobierno nacional recibió una advertencia de la OIT para que no se extralimite en su fuerza represiva a quienes protestan
En el marco de la causa contra siete jefes del Servicio Penitenciario, acusados de cobrar coimas para beneficiar detenidos, la Policía de Salta y el CIF, allanó el domicilio del Subdirector General del Servicio Penitenciario, Francisco Martínez.
El diputado provincial lamentó el hecho porque desprestigia a la actividad. “Después se hace difícil convencer a las comunidades que la minería es algo bueno”. Y pidieron desde la Comisión de Minería que al Ejecutivo que explique si “se están respetando las leyes”.
El legislador que preside la comisión de Minería, alertó que, más allá de que desde el Gobierno les decían que venían haciendo controles y que las empresas cumplían, “lo de Posco pasó en Güemes, enfrente de todos”. Pidió sanciones fuertes si se comprueban irregularidades.
El diputado provincial por la Capital, dejó entrever que el ex gobernador en 2011 usó el FRH para la campaña para su hermano que era candidato a senador. Y que el segundo crédito “fue un préstamo político que se usó para la campaña de 2015. “Estamos pagando una deuda por obras que no se hicieron”, aseguró Romero.
El diputado capitalino buscará reactivar la investigación sobre el FRH. “No puede ser que nos estemos endeudando de nuevo para pagar este tipo de préstamos, cuando no sabemos qué se hizo o a dónde se fue esa plata”, aseguró.