Más de 100 agentes del Servicio Penitenciario fueron estafados con el sistema piramidal organizado en la misma fuerza
Este jueves personal del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y de la Unidad Investigación UDEC realizó, bajo la dirección de la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, un total de siete allanamientos en los barrios Democracia, Divino Niño y Primera Junta y en la localidad de Cerrillos, en el marco de la investigación.
Las denuncias presentadas por los agentes son contra un Cabo Primero del Servicio Penitenciario, quien les habría ofrecido un “sistema” de inversiones que, según manifestaba, funcionaba desde la pandemia.
“El esquema se presentaba como un círculo cerrado y confidencial, sin monto mínimo de ingreso, con promesas de intereses mensuales que oscilarían entre el 10% y el 15% y con posibilidad de realizar retiros parciales del capital”, destaca el parte del Ministerio Público Fiscal provincial.
Los damnificados explicaron que, como ocurre en todos los casos de esta modalidad, durante los primeros meses habrían recibido pagos parciales de intereses e incluso, devoluciones de capital, lo que reforzó la confianza y favoreció la continuidad de los aportes, pero, con el paso del tiempo, comenzaron las demoras, pedidos de prórroga, transferencias a través de cuentas de terceros y hasta el cese casi total de las respuestas.
Varios de los damnificados denunciaron haber entregado sumas millonarias al Cabo para obtener rédito, algunas de $7 millones y otras de hasta $24 millones.
“A partir del análisis de extractos bancarios y del entrecruzamiento de datos, los investigadores detectaron 409 operaciones concentradas en solo tres cuentas virtuales del investigado —Mercado Pago, Ualá y Naranja X—, aunque el circuito total habría involucrado al menos 22 cuentas”, destacaron.
A su vez, informaron que el volumen de dinero movilizado superaría los $2.702.170.181. Asimismo, se identificó que al menos 122 efectivos del Servicio Penitenciario habrían realizado transacciones con el denunciado, además de personas empadronadas como visitas, ex internos y terceros ajenos a la institución.
Un punto que se suma en el informe es que el Cabo no habría actuado solo. La evidencia reunida indicaría la existencia de una estructura interna, con funcionarios que habrían cumplido roles activos como puntos de captación y canalización de fondos de terceros.