Análisis del 2024: El costo del ajuste de Javier Milei: provincias, jubilados y obra pública como víctimas principales

Las provincias argentinas han sido de las más afectadas por estas políticas de ajuste. La reducción de transferencias no automáticas, de las transferencias de fondos coparticipables por la caída en la recaudación de IVA y Ganancias y la eliminación de programas de compensación han desfinanciado proyectos estratégicos en educación, salud e infraestructura, pilares fundamentales para el desarrollo local. La falta de inversiones públicas financiadas con fondos nacionales profundiza la desigualdad territorial y obligando a los gobiernos locales a tomar medidas de emergencia para mitigar el impacto.

En este contexto, los jubilados han cargado también con una parte significativa del ajuste. La reforma previsional impulsada por el gobierno incluyó una drástica reducción de los incrementos semestrales, desvinculándolos de la inflación real. Esto, sumado a la pérdida general del poder adquisitivo, ha llevado a que las jubilaciones mínimas sean insuficientes para cubrir siquiera la canasta básica, sumado a la quita de beneficios en la entrega de medicamentos de una manera insensible. Mientras tanto, se priorizan políticas que buscan satisfacer las demandas del mercado financiero, debilitando el carácter solidario del sistema previsional y dejando a millones de adultos mayores en una situación de vulnerabilidad extrema.

Otro sector profundamente afectado es la obra pública, históricamente un motor de desarrollo, generación de empleo y cohesión territorial. Actualmente, la paralización casi total de los proyectos de infraestructura impacta negativamente en las economías regionales y en las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), que dependen en gran medida de este tipo de inversiones. La falta de obras estratégicas no solo frena el crecimiento, sino que también posterga la integración de regiones históricamente relegadas, perpetuando las asimetrías entre provincias.

El argumento oficial para justificar estas políticas es la “necesidad de austeridad fiscal” y la lucha contra el “gasto innecesario”. Sin embargo, el ajuste no ha logrado resolver los problemas estructurales de la economía. Por el contrario, ha generado un altísimo costo social. A medida que la recesión se profundiza, el desempleo crece, el consumo cae y la pobreza se consolida. Además, este modelo de ajuste parece estar diseñado para beneficiar a un sector muy reducido de la sociedad, en detrimento de las grandes mayorías.

Aunque la inflación ha descendido, el costo de este descenso es extremadamente elevado. La recesión, lejos de ser una solución, representa un estancamiento que pone en jaque las posibilidades de desarrollo futuro del país. Las cifras muestran una economía asfixiada, con deterioro en la calidad de vida de millones de argentinos.

A esto se suma el deterioro institucional. Las decisiones unilaterales, el uso recurrente de vetos presidenciales y la falta de diálogo con los actores sociales reflejan una alarmante falta de respeto por las reglas democráticas y por el Congreso como representante del pueblo. La fragilidad institucional no solo afecta la confianza en el sistema democrático, sino que también reduce las posibilidades de construir los consensos necesarios para abordar los desafíos de una crisis estructural. Gobernar sin presupuesto dos períodos consecutivos, la amenaza de designar jueces de la Corte por Decreto, el agravio a la mayoría de los periodistas que no coinciden con el gobierno, el aislamiento internacional en el contexto de la ONU, el insulto explicito permanente al que piensa diferente y la burla sistemática a las diversidades solo son ejemplos más que contundentes.

En conclusión, el ajuste del gobierno de Javier Milei ha recaído desproporcionadamente sobre las provincias, los jubilados y la obra pública, exacerbando las desigualdades y sumiendo al país en un proceso de recesión que amenaza el desarrollo futuro. Todo esto ocurre en un marco de baja calidad institucional, con decisiones que priorizan el mercado financiero por sobre el bienestar social, dejando como saldo un país más empobrecido, más desigual, con instituciones más débiles y contrato social a punto de romperse.