JUDICIALES Melina Sola 12 de diciembre de 2024

Destituyeron al juez Claudio Parisi, acusado de favorecer a detenidos por narcotráfico y sicariato

El Juez de Garantías de Segunda Nominación del Distrito Judicial Orán ya había sido suspendido y a partir de ahora está inhabilitado por ocho años para ejercer cargos públicos. Además deberá pagar las costas del juicio. La Procuración General lo acusó de irregularidades en cinco trámites judiciales y de cohecho.

El Jurado de Enjuiciamiento consideró que el juez de Orán ejerció mal sus funciones e incumplió los deberes a su cargo. Dictaminaron después de una extensa jornada, con varios cuartos intermedios, en la que alegaron el Procurador, Pedro García Castiella, y el defensor de Parisi, Guillermo Mauricio Alberto. 

El jefe de los fiscales sostuvo que Parisi benefició a cinco acusados de delitos graves con prisiones domiciliarias, detallando cada caso, y también las consecuencias que tuvieron estas decisiones judiciales. 

Entre las causas en las que intervino Parisi se encuentra la detención de César “Oreja” Martínez, hermano del intendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo “Conejo” Martínez. Castiella recordó que Parisi le concedió el arresto domiciliario pese a estar acusado por tentativa de femicidio y por venta de drogas. Mientras Martínez gozaba de la prisión domiciliaria, fue ejecutado en la vereda de su casa por sicarios que pasaron en motocicletas y dispararon 17 veces con pistolas de grueso calibre. "Esta causa está expuesta al día de hoy al severo riesgo de no poder alcanzarse nunca la verdad”, aseguró.

El Procurador agregó que el exintendente de Aguas Blancas, "Conejo" Martínez, está sospechado de haber mandado a matar a su hermano el Oreja, sin embargo Parisi demoró injustificadamente los allanamientos a sus familiares argumentando que quería saber la marca y el color de los celulares que debía secuestrar la Policía.

La defensa de Parisi, en tanto, justificó las dilaciones en el caso diciendo que el magistrado pidió aclaratorias y que no es su culpa que no le hubieran contestado a tiempo para así ordenar el procedimiento.

Lo amenazaron con violencia sexual para que pague

En este mismo juicio, ayer brindó su testimonio la abogada Sandra Domene, quien ratificó la denuncia realizada oportunamente por cohecho, en vinculación a su entonces defendido, José Dimas Ruiz, excandidato a intendente de Orán a quien se lo investiga por el robo a la empresa Abra de Sol.  Expuso que la familia Ruíz debió abonar 10 mil y luego 5 mil dólares, bajo la amenaza de que José sería víctima de abuso sexual en su lugar de detención.

Composición del Jurado de Enjuiciamiento

Estuvo encabezado por la presidenta de la Corte de Justicia Teresa Ovejero . Lo integran además el Juez de Corte Pablo López Viñals, el senador Jorge Pablo Soto y el senador Javier Mónico Graciano designados por la mayoría y minoría, respectivamente; el diputado Esteban Amat Lacroix y el diputado Juan Carlos Roque Posse, designados por la mayoría y minoría de la Cámara baja; el Fiscal de Estado Agustín Pérez Alsina y los abogados de la matrícula Guillermo López Mirau y Pedro Mellado, designados respectivamente por las Cámaras de Senadores y de Diputados.

Los otros casos

Otro de los beneficiados con las domiciliarias del juez oranense fue Matías Chaile, acusado de homicidio culposo y actualmente prófugo de la justicia.

En otro caso, Parisi permitió que una condenada por venta de drogas de apellido Pereyra continuara realizando la misma actividad bajo prisión domiciliaria, mientras que a su socia Leniz, primero le dio arresto domiciliario y luego se lo revocó. En ese caso fue justamente porque se descubrió que una sobrina del juez, la sargento Mariana Castellanos, y el secretario del juzgado, Maximiliano Correa, estaban negociando beneficios.

Se supo a través de llamadas grabadas por Castellanos, quien actualmente se encuentra en prisión, que hacía acuerdos con mujeres investigadas por tráfico de estupefacientes. Invocaba la influencia del juez Parisi para ofrecer beneficios judiciales a cambio de dinero, como el mantenimiento de detenciones domiciliarias o la paralización de las causas. 

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