Lo acusan de haber mandado un oficio a la aduana para que dos empleados de su juzgado trasporten, en autos particulares, la droga incautada. Luego desaparecía y se vendía, muchas veces en Bolivia. Federico Magno, abogado defensor, dijo a El Expreso que en el juzgado “no había vehículos oficiales” y que el ex magistrado ya había adelantado que podrían dudar sobre este tema.
JUDICIALES21 de febrero de 2018
La tranquilidad que hasta ahora le venían dando los testigos a Reynoso, cada vez que decían antes los jueces que “escucharon, les dijeron, sospechaban que…en el juzgado pasaba algo raro”, sin afirmarlo directamente, parece haberse acabado. Sucede que apareció un “dudoso” oficio que el exmagistrado había enviado en abril de 2012 al entonces jefe de la Aduana de esa ciudad fronteriza con Bolivia. En él autorizaba a sus empleados, entre ellos, a uno de sus ahora coimputados, a trasladar estupefacientes en sus autos particulares.
Así lo consigna un informe que publicó el diario La Nación donde detalla que este oficio se enmarca dentro de la sospecha de los investigadores de que durante los 11 años de gestión de Reynoso al frente del juzgado federal de Orán parte de la droga incautada en procedimientos desaparecía y luego se vendía, muchas veces en Bolivia. El hallazgo de este documento, que encontró el nuevo jefe de la Aduana de Orán en un bibliorato, es clave para avanzar en esta hipótesis.
El juez federal de Salta Jorge Bavio investiga desde hace más de un año la posible adulteración de la droga que era enviada a incinerar tras los secuestros en los operativos que ordenaba el juzgado conducido entonces por Reynoso. Un testigo oriundo de Yrigoyen, localidad situada a unos 15 kilómetros de Orán, denunció esas eventuales maniobras en el Juzgado Federal Nº 1 de Salta.
En la investigación se detectó que nunca se hacían los test con reactivos para confirmar el grado de pureza de la cocaína. No se sabía lo que se quemaba. Para tener una dimensión de la cantidad de droga que se manejaba en el juzgado, solo en las nueve causas por las que ahora está siendo juzgado Reynoso se secuestraron 2000 kilos de cocaína, valuadas en unos 12.000.000 de dólares.
"Los vehículos particulares identificados con los dominios GPV271 y GZL299, pertenecientes a los empleados Néstor Conrado Acosta y Julio César Aparicio, se encuentran afectados a tareas del juzgado federal a mi cargo, entre ellas, el traslado de secuestros compuestos por estupefacientes", reza el oficio de abril de 2012 firmado por Reynoso y enviado al entonces jefe de la Aduana de Orán, Julio de la Vega.
El fiscal de Cámara Carlos Amad pidió a los miembros del Tribunal Oral Federal que el oficio sea incluido como prueba en el juicio por asociación ilícita contra Reynoso y otros seis imputados. Además, se presentó un requerimiento para que otros organismos, como Migraciones, la Policía Federal y la Gendarmería informen si recibieron el mismo oficio del juzgado federal de Orán en tiempos de Reynoso.
Por su parte, Federico Magno, defensor de Reynoso contó a El Expreso que se opuso al pedido del fiscal ya que el plazo para el ofrecimiento a prueba ya está precluido y además, procesalmente es imposible ya que primero se debería indagar a imputado para saber si es cierto o no y que haga su descargo sobre este oficio.
Consultado sobre la veracidad de ese documento firmado, el abogado sostuvo que “Reynoso anticipó que esto podría llegar a suceder porque el Juzgado Federal de Orán no contaba con transporte oficial a los efectos de hacer el traslado de estos estupefacientes”.
Luego, Magno aclaró: “Textual y literalmente no es que lo admita, solo lo anticipó a que se podría dar la acusación. Si en definitiva se confeccionó ese oficio, tiene que defenderse el imputado pero en otra investigación distinta a la actual. Posiblemente el doctor Reynoso podría haber confeccionado en razón de que el juzgado no tenía vehículos”.
Por último el letrado hizo referencia al testigo protegido que declaró en la última audiencia y dijo que se logró comprobar que se trata de un entramado político y judicial. “Esto lo afirmamos porque en el primer momento se apartó a un funcionario público, luego a una magistrada por omitir opinión sobre el caso. Por si fuera poco, el testigo protegido fue casi impuesto por uno de los miembros de la Cámara de Apelaciones para que testifique. Quieren subsanar o incorporar cosas ya que no puede justificar la acusación”, concluyó.
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