Lo acusan de haber mandado un oficio a la aduana para que dos empleados de su juzgado trasporten, en autos particulares, la droga incautada. Luego desaparecía y se vendía, muchas veces en Bolivia. Federico Magno, abogado defensor, dijo a El Expreso que en el juzgado “no había vehículos oficiales” y que el ex magistrado ya había adelantado que podrían dudar sobre este tema.
