Integrantes de la comunidad originaria iniciaron un corte de ruta total a partir de las 10:00 de la mañana en protesta por la falta de respuestas y el incumplimiento de las promesas de las autoridades locales y provinciales. La medida se resolvió tras denunciar un estado de continuo abandono luego del desborde del río Pilcomayo.
De acuerdo con el testimonio emitido por los referentes comunitarios, las familias fueron obligadas a trasladarse 4 kilómetros por razones de seguridad, ante la falta de obras de contención en el río. Aunque las autoridades del Gobierno, el Comité de Emergencia (COE), Defensa Civil y la policía local prometieron apoyo técnico y logística de transporte para el traslado de bienes y materiales de construcción desde febrero, la ayuda estatal nunca llegó.
Acarreo a pulso y sin ayuda oficial: Sin los vehículos prometidos por Defensa Civil, los propios pobladores se vieron obligados a alquilar camiones por cuenta propia o trasladar los horcones y maderos para reconstruir sus viviendas en carritos y a pie a lo largo de 4 kilómetros.
Falta de obras en el río Pilcomayo: Señalan que la crecida del río es inminente y que solo observan la presencia de funcionarios para "tomarse fotos" en redes sociales, sin que se haya ejecutado trabajo concreto en el cauce para prevenir nuevas inundaciones.
Servicios básicos desatendidos: Exigen el tendido eléctrico para su comunidad y visibilizan la situación extrema de comunidades vecinas, como La Estrella, que tras casi dos años del impacto de las inundaciones continúan sin luz ni asistencia material adecuada.
Asistencia alimentaria insuficiente: Califican como "una burla" los módulos de mercadería entregados por el Estado, asegurando que solo alcanzan para cubrir medio día de alimentación.
Los referentes comunitarios repudiaron las desmentidas oficiales vertidas en los medios de comunicación y aseguraron contar con copias de los petitorios y notas formales que hasta el momento permanecen encajonadas.
Remarcaron que la medida de fuerza busca la presencia directa del Gobernador de la provincia y de funcionarios con capacidad de gestión real, para poner fin a lo que consideran un trato discriminatorio hacia las comunidades originarias afectadas por las crecidas del río.
