La comunidad universitaria volverá a movilizarse el jueves 15 de octubre con una concentración frente al Congreso de la Nación desde las 13.30. La quinta Marcha Federal Universitaria tendrá como eje el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y se realizará e desarrollará en coincidencia con una sesión especial convocada por bloques opositores en la Cámara de Diputados.
Convocaron a una nueva Marcha Federal Universitaria frente al Congreso
El cambio de escenario hacia el Palacio Legislativo se produce mientras el Congreso comienza a discutir las partidas para el próximo año. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo contempla alrededor de $7,3 billones para las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) solicitó $11 billones para sostener el sistema durante 2027.
La diferencia entre ambas cifras ronda el 33%. El CIN explicó que su propuesta contempla la recomposición necesaria para aplicar plenamente la Ley de Financiamiento Universitario y advirtió que el monto deberá actualizarse durante el año según la evolución de los salarios, la inflación y otras variables que inciden sobre el funcionamiento de las casas de estudio.
Mientras tanto, la sesión opositora fue solicitada para ese mismo día a las 14 y tendrá como principales ejes el endeudamiento y la morosidad de las familias, la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad y el tratamiento del DNU 70/2023. La oposición buscará rechazar el decreto, que ya había recibido el voto negativo del Senado.
En concreto, el temario contempla un proyecto para establecer un régimen de endeudamiento familiar, la extensión de la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027 y el debate sobre el DNU 70/23. Este último punto volvió a cobrar centralidad luego del fallo de la Corte Suprema vinculado con el artículo que derogó la Ley de Tierras Rurales.

Universidades reclaman que se aplique la ley de financiamiento
El principal reclamo de la movilización continuará siendo la aplicación efectiva de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. En paralelo, los sindicatos docentes y nodocentes reclaman una recomposición salarial acumulada del 33,4% para recuperar parte del poder adquisitivo perdido.
El conflicto sumó además un nuevo capítulo judicial. El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, volvió a intimar al Poder Ejecutivo a cumplir en un plazo de cinco días con la medida cautelar que ordena actualizar salarios y programas de becas. En caso de persistir el incumplimiento, la resolución prevé la aplicación de sanciones económicas diarias.
Como antesala de la marcha, docentes y nodocentes de las universidades nacionales pusieron en marcha distintas medidas de fuerza, entre ellas un paro de 72 horas, acciones de visibilización y protestas en facultades de distintos puntos del país. El plan de lucha tiene previsto alcanzar su punto central con la movilización del 15 de octubre.
La discusión presupuestaria también llegó formalmente al Congreso. Autoridades del CIN ya presentaron ante diputados y senadores su propuesta de $11 billones para 2027 y pidieron participar de las comisiones que analicen el Presupuesto antes de su tratamiento en el recinto.
Desde el Consejo advirtieron que los fondos deben garantizar no solo los salarios y los gastos habituales de funcionamiento, sino también sostener las distintas actividades del sistema universitario. El presidente del CIN, Franco Bartolacci, sostuvo ante los legisladores que, sin modificaciones al proyecto oficial, será "realmente muy difícil" que las universidades puedan funcionar normalmente el próximo año.

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