La fiscalía de Bolivia emitió este miércoles una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, a quien investiga por presuntos delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado y otros cargos relacionados con los bloqueos de rutas que paralizaron el país durante 53 días entre mayo y junio.
La orden, firmada por el fiscal anticorrupción Brayan Melgar, instruye a la Policía a detener al exmandatario y trasladarlo a la Unidad Policial Especializada de Lucha Contra la Corrupción, a partir de denuncias presentadas por el Comité Cívico Pro Santa Cruz y el Ministerio de Gobierno.
La investigación judicial comprende seis presuntos delitos: alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
Según la denuncia, Morales habría sido uno de los principales impulsores de los bloqueos instalados en distintas regiones del país durante las protestas desarrolladas entre mayo y junio.
Junto con el expresidente también fueron alcanzados por la orden de aprehensión el dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y el líder de la Federación de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar, quien permanece detenido preventivamente desde el 6 de julio.
Durante las siete semanas de protestas, campesinos, organizaciones sociales y sectores afines a Morales instalaron más de un centenar de puntos de bloqueo, principalmente en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
De acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo y reportes de organizaciones cívicas y sociales, los cortes de rutas dejaron al menos 22 personas fallecidas y 88 heridas.
Además, las interrupciones del tránsito provocaron graves problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal, mientras que las pérdidas económicas superaron los U$S 3 mil millones, según los datos citados en la denuncia.
Tras conocerse la orden de aprehensión, Morales negó las acusaciones y sostuvo que existe una persecución política en su contra.
"No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo, como lo hemos hecho siempre", escribió el exmandatario en su cuenta de X.
En otro mensaje, afirmó que intentan responsabilizarlo por las movilizaciones para desviar la atención de la crisis económica y social que atraviesa Bolivia.
Morales también negó haber promovido la renuncia del presidente Rodrigo Paz y aseguró que las protestas fueron consecuencia del descontento social frente a la situación del país.
El expresidente permanece en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión político, donde es resguardado por seguidores desde octubre de 2024.
Además de esta investigación, enfrenta otra causa por presunta trata agravada de personas, vinculada a una denuncia por una supuesta relación con una menor de edad durante su mandato.
En mayo, un tribunal de Tarija lo declaró en rebeldía y dictó una orden de captura luego de que no se presentara al inicio del juicio correspondiente. Según la Policía boliviana, esa orden aún permanece pendiente de ejecución.
