El instrumento legal exige pruebas de detección de sustancias psicoactivas a todos los funcionarios públicos, desde el Gobernador hasta concejales e ingresantes. Se busca garantizar idoneidad, aptitud moral y la confianza ciudadana, estableciendo que la integridad en el ejercicio del cargo es un deber ineludible y no una opción.
SALTA27 de enero de 2026
Redacción El Expreso de Salta
El gobernador Gustavo Sáenz firmó hoy, ante la presencia de diputados provinciales, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece la obligatoriedad de someterse a exámenes toxicológicos para todas las personas que ejerzan o pretendan ingresar a cargos públicos en la provincia de Salta.
El instrumento legal, que será enviado a la Legislatura para su correspondiente aprobación, tiene como principios rectores la transparencia y la idoneidad, entendiendo que la confianza de la sociedad en sus instituciones depende de que quienes las integran posean la plena aptitud física y psíquica para el ejercicio de sus responsabilidades.
Durante la firma del DNU, el Gobernador enfatizó que esta medida no es una sugerencia institucional, sino una norma de cumplimiento estricto para toda la estructura estatal: “He tomado la decisión de hacerlo de esta manera para que esto no sea una invitación, sino una obligatoriedad para todos. Desde el gobernador hasta abajo, todos aquellos que tengan una responsabilidad en la función pública deben reunir estos requisitos. Es un hecho de transparencia ante la sociedad", afirmó Sáenz.
El mandatario estuvo acompañado por los legisladores que impulsaron la iniciativa, a quienes cedió la palabra destacando que el espíritu del decreto busca que los funcionarios mantengan una "claridad de juicio", esencial para la toma de decisiones.
“La sociedad demanda mecanismos de control que aseguren que quienes ejercen cargos públicos lo hagan libres de adicciones que puedan comprometer la objetividad e independencia. Esta es una medida preventiva que fortalece la legitimidad de nuestras instituciones”, puntualizó el mandatario.
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El instrumento legal exige pruebas de detección de sustancias psicoactivas a todos los funcionarios públicos, desde el Gobernador hasta concejales e ingresantes. Se busca garantizar idoneidad, aptitud moral y la confianza ciudadana, estableciendo que la integridad en el ejercicio del cargo es un deber ineludible y no una opción.