“Es un fallo histórico que avanza sobre una de las causas que ponen en serio peligro a la especie: la caza furtiva. Ahora es hora de avanzar sobre otra de las amenazas que acechan a los últimos yaguaretés del Gran Chaco: la deforestación. La destrucción de bosques debe ser un delito penal”, declaró Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace Andino.
Es la primera vez que la caza furtiva llega a un tribunal oral. Los condenados, que admitieron haber cometido el delito, son Viterman Ponce de León, Walter Hugo Ponce de León, Claudio Hugo Cisneros y Máximo Cisneros. El hecho ocurrió en julio del año pasado en Formosa y generó el rechazo de la sociedad, no sólo por la caza ilegal, sino también por la difusión de las imágenes en redes sociales.
El Yaguareté fue declarado Monumento Natural Provincial en Formosa (Ley 1.673) en 2018 y desde 2001 es Monumento Natural Nacional (la Ley 25.463). Sin embargo, se encuentra en Peligro Crítico. La población total del yaguareté en Argentina es de cerca de 250 ejemplares.
En 2019, Greenpeace elevó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en representación de los últimos 20 yaguaretés que se estiman sobreviven en el Gran Chaco Argentino, para que se prohíban los desmontes en sus territorios.
