En poco más de un año y medio de gestión libertaria, Correo Argentino llevó adelante un ajuste que significó la reducción del 29,1% de su planta de empleados, pasando de 16.897 trabajadores antes de la asunción del actual gobierno a 11.981 en junio de este año, según datos del Indec. El recorte de personal incluyó 3.600 retiros voluntarios y 377 despidos en 2024.
La política de reducción de dotación continuará durante 2025, ya que la empresa informó que proyecta cerrar diciembre con 11.758 empleados, lo que supone otras 480 bajas respecto de los 12.238 que tenía a comienzos de año.
El ajuste en recursos humanos se enmarca en un plan más amplio de "saneamiento financiero". De acuerdo con el Ministerio de Economía, Correo Argentino recibirá en 2025 $31.000 millones en transferencias del Tesoro, una caída del 85% respecto a los $223.684 millones del año pasado. Pese a esta drástica reducción, la compañía proyecta un superávit operativo de $54.791 millones y un resultado financiero positivo de $67.093 millones. En contraste, en 2024 el superávit financiero de $119.010 millones dependió de la asistencia estatal: sin esos fondos, el ejercicio habría cerrado en déficit.
La empresa estatal sostiene que el ajuste responde a un proceso de “modernización” para ofrecer “un servicio postal acorde a los mejores estándares internacionales” y lograr equilibrio económico. El plan prevé el manejo de 138,6 millones de piezas postales (cartas y paquetes) en 2025, superando la producción del año anterior.
Correo Argentino figura en la lista de empresas “privatizables” incluidas en la Ley Bases. Si bien el Gobierno no confirmó una venta, deberá presentar en noviembre una “hoja de ruta” de privatizaciones ante el Fondo Monetario Internacional.
